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¿En alguna ocasión hemos reprobado a nuestros vecinos o amigos tras advertir que repetidamente adquirían más medicamentos de los estrictamente necesarios? ¿Los colegios oficiales de médicos se han manifestado públicamente contra la expedición desmesurada e innecesaria de fármacos? ¿Les hemos ayudado a comprender a nuestros mayores que el sistema sanitario público tan solo ha de usarse cuando sea inevitable? ¿Nos hemos indignado al observar cajones repletos de medicamentos muchos de ellos ya caducados- en nuestros hogares o en el de nuestros familiares? ¿Hemos utilizado la Sanidad pública pensando que le cuesta un gran esfuerzo mantenerla a cada contribuyente? ¿Hubiéramos usado este servicio estatal de la misma forma si hubiéramos tenido que pagar por ello?
Los españoles y los extranjeros que viven en nuestro país o pasaron cierto día por aquí hemos abusado de nuestro sistema sanitario que, sin duda, es el más completo y el que más ventajas ofrece del mundo. Los facultativos se han sentido obligados a prescribir medicamentos a sabiendas de que no eran necesarios por pura exigencia de los pacientes. Ha sido frecuente la automedicación y, posteriormente, se ha reclamado a los médicos que receten lo anteriormente conseguido en las farmacias. Y todo ello se ha producido por la decreciente autoridad de los licenciados en Medicina, culpa de los gobiernos de turno y de los nefastos ministros de Sanidad que ha sufrido España.
El error de base consiste en la percepción común de que el Estado es un ente ajeno a todos los ciudadanos de España, al que se ha de robar lo máximo posible y estrangularlo en beneficio propio tanto como se pueda. Hasta que no cunda la idea de que formamos parte de un proyecto común, los sucesivos gobiernos estarán obligados a tomar duras medidas provenientes desde Bruselas para racionalizar el gasto.
El problema de Rajoy y del Gobierno del PP es que están ejecutando todo lo contrario a lo que proclamaron durante la campaña electoral. Por consiguiente, mintieron. Las decisiones que se han adoptado en el Real Decreto del pasado 24 de abril son inexcusables, pero no solamente en estas circunstancias, sino en cualquiera otra. Es imperdonable derrochar el dinero y, si no existe un autocontrol, nos debe tutelar el Estado. Rajoy pregonó antes de las elecciones lo que los españoles querían escuchar. Seguramente, con una prima de riesgo moderada continuaría el despilfarro. Por desgracia, se acabaron los estadistas, pero es más alarmante todavía que tampoco existan verdaderos ciudadanos.
Manuel González García
Twitter: m_gonzalezgcia
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