Los primeros trabajos de investigación geológica vinculados al proyecto extractivo "Industria Minera Lucentina" ya han comenzado en el entorno del Camino de la Cruz de la Romacha y La Sierrezuela. La presencia de maquinaria pesada realizando sondeos sobre el terreno en distintos puntos de este paraje ha sido detectada durante los últimos días por numerosos usuarios habituales de la zona, según ha denunciado la asociación ecologista Mejorana.
La actuación se corresponde con el permiso de investigación solicitado por la empresa Andalus Overseas SL y admitido por la Junta de Andalucía el 27 de febrero de 2025 para la prospección de piedra caliza destinada a uso ornamental en cuatro cuadrículas mineras que abarcan una superficie aproximada de 120 hectáreas situadas al oeste del casco urbano de Lucena.
Según la documentación técnica presentada por la promotora, el proyecto contempla un periodo de investigación de tres años y tiene como finalidad determinar la viabilidad de un posible aprovechamiento minero del yacimiento. La primera fase, actualmente en ejecución, pretende obtener un conocimiento básico sobre la composición, distribución y potencial económico de la masa rocosa existente mediante la realización de tres sondeos mecánicos, estudios ambientales y geotécnicos, así como la toma de muestras para análisis de laboratorio.
En caso de que los resultados obtenidos sean favorables, la iniciativa avanzaría hacia una segunda fase orientada a completar un estudio de previabilidad. Esta etapa incluiría otros seis sondeos y el empleo de técnicas avanzadas de prospección como georradar, tomografía eléctrica de alta resolución, tomografía sísmica, sondeos electromagnéticos y diversos estudios geotécnicos. El objetivo sería definir los recursos minerales existentes y determinar tanto la metodología de explotación más adecuada como los costes asociados a una futura cantera.
La tercera y última fase previa a una eventual explotación contemplaría otros seis sondeos adicionales, investigaciones complementarias y la elaboración de un estudio de viabilidad que permitiera valorar las reservas existentes y redactar un proyecto general de explotación. Paralelamente, la empresa ha presentado un Plan de Restauración destinado a rehabilitar los espacios afectados por las labores de investigación.
Oposición ecologista desde el inicio de la tramitación
El proyecto fue sometido a información pública tras recibir el visto bueno inicial de la administración autonómica, permitiendo la presentación de alegaciones por parte de entidades y colectivos interesados. Entre ellos figuraron las de Mejorana, cuyas objeciones fueron finalmente rechazadas.
Desde el primer momento, Mejorana ha mostrado una oposición frontal a la iniciativa. Su presidente, José Antonio Ranchal, ya advirtió durante la fase de exposición pública que no se había valorado adecuadamente el impacto que podría tener una gran cantera situada a escasos kilómetros del casco urbano de Lucena.
La asociación recuerda además que la zona ya fue objeto de prospecciones similares años atrás y sostiene que algunos de aquellos sondeos no fueron posteriormente restaurados. Según Ranchal, los estudios realizados entonces concluyeron que la calidad de la piedra existente no justificaba una explotación comercial, por lo que el proyecto fue abandonado.
A estos argumentos se suma el valor ambiental y paisajístico del entorno afectado. Mejorana destaca la presencia de masas forestales, fauna silvestre y una ruta senderista promovida por el propio Ayuntamiento de Lucena y la Diputación de Córdoba, integrada incluso en plataformas especializadas como Wikiloc.
La organización insiste igualmente en que el área objeto de investigación se encuentra junto al Parque Europa, la residencia de mayores y la ronda urbana de Lucena, constituyendo un corredor ecológico natural que sirve de conexión para especies procedentes del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
Mejorana pide una reforma urbanística para blindar el entorno
Pese a su rechazo al proyecto, Ranchal reconoce que las labores actualmente en marcha cuentan con todas las autorizaciones administrativas necesarias y que, por tanto, no existe base legal para denunciar su ejecución. "No vamos a hacer denuncia porque no se puede denunciar. Tienen permiso de la Consejería de Industria y Minas de la Junta de Andalucía y están actuando dentro de esa autorización", señaló este martes el presidente de Mejorana.
Ante esta situación, el colectivo ha optado por trasladar su petición a la esfera política local. Ranchal considera que aún existe margen para actuar urbanísticamente antes de que concluya el periodo de investigación, que dispone de un plazo máximo de tres años. "Queda aproximadamente un año y medio para que concluya el permiso de investigación. Es tiempo suficiente para que los grupos políticos y el Ayuntamiento puedan consensuar una modificación del PGOU que proteja este espacio", afirmó.
El responsable ecologista recordó que otros municipios andaluces han impulsado medidas similares para preservar áreas de especial valor ambiental próximas a sus núcleos urbanos. Como ejemplo citó el caso de Estepa, donde se han adoptado mecanismos urbanísticos de protección territorial, así como la reciente decisión del Ayuntamiento de Cabra de aprobar una moratoria de tres años frente a la implantación de actividades extractivas, plantas fotovoltaicas o instalaciones de biometano en determinadas zonas del municipio.
"Lo que pedimos es una reflexión colectiva y que se estudie una reforma del PGOU que permita proteger el entorno natural que rodea a Lucena", concluyó Ranchal.
