Después de más de una década paralizado, el edificio que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) comenzó a construir en la confluencia de las calles Montilla, Carcabuey y Zagrilla, en la zona este de Lucena, será finalizado. La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, ha confirmado hoy que la cesión del inmueble a una empresa del sector de las mutuas laborales se ha formalizado recientemente.
“Hace pocas semanas se hizo ya la cesión del edificio a una mutua. Ahora se encargará de finalizar la obra y de utilizarlo como sede para sus actividades vinculadas a la atención de trabajadores”, explicó la subdelegada, quien también señaló que la cesión podría haberse establecido por un período de 25 años.
Según ha indicado López Losilla, Mutua Universal sería la entidad adjudicataria. El compromiso adquirido por esta empresa privada incluye la finalización del edificio y su uso como centro asistencial y administrativo, tras lo cual el inmueble volvería a manos de la Seguridad Social una vez transcurrido el periodo acordado de cesión.
Un proyecto paralizado durante años
Este edificio ha sido durante mucho tiempo símbolo del abandono institucional. El inmueble –originalmente proyectado como sede comarcal del INSS– se encuentra con un grado de ejecución de apenas el 19%, tras haberse invertido cerca de 2 millones de euros desde la adquisición del solar en 2004.
Las obras comenzaron en 2012, pero quedaron paralizadas poco después, sin registrar avances significativos en los años siguientes. A finales de 2019, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trató de reactivar el proyecto licitando la redacción y dirección de las obras pendientes. El contrato fue adjudicado a la arquitecta madrileña Iciar Rodríguez López en mayo de 2020 por 105.600 euros más IVA, con un plazo de cuatro meses para la redacción del nuevo proyecto. Aunque el proyecto fue finalmente entregado y validado, la Dirección General del INSS decidió no licitar la ejecución de las obras, lo que derivó en la cancelación del contrato de dirección facultativa.
El plan original contemplaba un plazo de 18 meses para completar los trabajos restantes, con un presupuesto estimado de unos 5 millones de euros. Sin embargo, la falta de voluntad política y presupuestaria paralizó la iniciativa durante años… hasta ahora.
La cesión del edificio a una entidad del sector privado con fines sociales, como es el caso de una mutua de trabajo, permite recuperar un espacio público abandonado, resolver su deterioro progresivo y la constante preocupación de los vecinos ante los episodios de inseguridad por el uso indebido del mismo y los casos de ocupación.
