El Ayuntamiento de Lucena, a través de la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha culminado la elaboración del primer censo municipal de instalaciones y emplazamientos con presencia de amianto, material constructivo conocido popularmente como “uralita”, cuyo uso fue prohibido en 2002 y cuya retirada debe completarse en toda Europa antes de 2032.
La iniciativa, presentada esta mañana por la concejala del área, Charo Valverde, supone un paso más en la protección de la salud pública y en el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente. El trabajo ha sido ejecutado por la empresa especializada NJM Business Group, adjudicataria del servicio por un importe de 8.200 euros más IVA.
El censo ha analizado un total de 54.275 inmuebles, de los cuales 23.603 presentan indicios de contener amianto en alguna de sus estructuras, incluyendo no solo cubiertas, sino también bajantes, calderas, tuberías y sistemas de ventilación. El estudio se ha centrado en las edificaciones construidas antes de 2002, el estudio ha empleado inteligencia artificial, datos geoespaciales y referencias catastrales, arrojando una fiabilidad superior al 90 %.
Entre las herramientas desarrolladas destaca un visor online, ya disponible para consulta pública en la web municipal (enlace directo). Este visor, con una vigencia de un año, permite visualizar en mapa los inmuebles susceptibles de contener amianto, clasificados por niveles de riesgo (alto, medio y bajo). Además, cada vecino podrá buscar su propiedad mediante dirección o referencia catastral y enviar consultas o actualizaciones a través de un buzón habilitado al efecto.
El estudio también ha analizado 50 edificios municipales potencialmente afectados, de los cuales 14 han confirmado la presencia del material, aunque en ningún caso con riesgo elevado, destacando entre ellos tres centros educativos –Araceli, Prado y San José de Calasanz–.
Calendario de retirada
La planificación incluye un calendario de actuación. Según el nivel de peligrosidad, los plazos de retirada serán: septiembre de 2027 para los casos de riesgo alto, octubre de 2027 para los de riesgo medio y octubre de 2028 para los de menor peligrosidad. Valverde ha subrayado que la peligrosidad del amianto se manifiesta únicamente en caso de deterioro, manipulación o retirada inadecuada, por lo que todos los trabajos deberán ser ejecutados por empresas autorizadas.
Los resultados del censo serán trasladados a la Junta de Andalucía, quien notificará a propietarios y comunidades de vecinos sobre la obligación de retirar las instalaciones afectadas. Paralelamente, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña informativa y diseñará un plan de retirada en las infraestructuras municipales afectadas.
