Unas 80.000 personas entraron de forma irregular a Ceuta durante la crisis fronteriza de finales de julio de 2026, significa que, de un momento a otro, se duplica la población de la ciudad autónoma. Muchos ceutíes, ante esta avalancha de pobres, han entrado en pánico. ¿Ese miedo se debe a que son muchos o a que son pobres?
Jaca, entre junio y septiembre, puede multiplicar por diez su población habitual. Punta Umbría, pasa de unos 16.000 habitantes en invierno a alrededor de 150.000 en verano. Los residentes en Jaca y Punta Umbría, como en tantas otras localidades españolas, no son presas del miedo, más bien al contrario, y aunque les ocasione cierta incomodidad saben que esos turistas que llegan en verano son sus habichuelas durante todo el año. Ya le gustaría, sobre todo al tejido productivo ceutí, tener la suerte de Punta Umbría. Los turistas van a gastar su dinero y por tanto generan actividad económica y riqueza en el lugar donde pernoctan. Si a Punta Umbría llegasen 16.000 inmigrantes, también entrarían en pánico, ¿dónde iban a dormir?, ¿cómo se iban a alimentar? ¡Son pobres!, ellos no han acumulado dinero en su tierra para venir a gastarlo, han cometido el delito de nacer en el lugar equivocado.
La presión sobre los habitantes de Ceuta es enorme y su preocupación merece todo el respeto y consideración, mucho más para aquellas familias que se han volcado en ayudar a los recién llegados dándoles comida y un lugar donde cobijarse. Pero la caridad es una mala sustituta de la justicia y no puede recaer en la generosidad de los y las ceutíes un problema que debe resolver el Estado con todas sus instituciones y administraciones: el Ayuntamiento de Ceuta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma, las otras Comunidades, el gobierno de España y la Comunidad Europea.
En realidad, se habla más del problema que del aporte de medios para resolverlo. Me parecería lógico que, a los inmigrantes, primero se les preste la atención básica (alimento, cobijo y atención sanitaria) que como personas merecen, y a partir de ahí se inicien los correspondientes trámites de repatriación, asilo o acogida.
De las 80.000 personas que entraron de manera ilegal, dos semanas después, entre 5.000 y 8.000 permanecen aún en Ceuta. La atención adecuada: alojamiento digno, alimentación, atención sanitaria básica y gestión administrativa durante un tiempo de entre tres y seis meses, que podrían durar los trámites, tendría un coste de unos 70 millones de euros. ¿Qué es esa cantidad para una UE que tiene un PIB de 18,8 billones de euros?, supondría la “menudencia” del 0,0003%, una cantidad insignificante si se compara con el 5% anual, es decir 940.000 millones que se gasta en armamento, la mayoría comprado a USA.
España tiene casi 50 millones de habitantes, de los cuales 8,6 millones vivimos en Andalucía. Haciendo un reparto, por comunidades autónomas proporcional a su población, Andalucía tendría que gestionar ente 800 y 1200, de los cuales entre 80 y 120 podrían corresponder a la provincia de Córdoba y a Lucena podrían llegarían entre 8 y 12 personas.
Con todo esto quiero hacer ver que no es tan complicado solucionar este problema que tienen los ceutíes, y sobre todo lo tienen esas personas que se encuentran desamparadas. Pero cuando la colaboración y la solidaridad se sustituye por la confrontación permanente, la idea de arañar algún voto a toda costa, hacer todo lo posible para que el gobierno caiga cuanto antes y en definitiva poner otros intereses por delante de los derechos de las personas, el problema adquiere una dimensión muy superior a la real.
De cualquier manera, la situación de estrés creada por las personas migrantes que llegan, no puede ser el dedo que tapa la Luna y que nos impida preguntarnos: ¿por qué abandonan sus países?, y la que me parece más importante, ¿qué responsabilidad tiene el llamado primer mundo en la situación que atraviesan las naciones de origen de los inmigrantes?