En la sociedad actual, donde la información fluye con inmediatez y las herramientas tecnológicas están al alcance de todos, la participación ciudadana emerge como un pilar fundamental para fortalecer nuestra seguridad. Los ciudadanos, lejos de ser meros espectadores, tenemos la capacidad y el derecho de contribuir activamente en la detección y denuncia de hechos que atenten contra la convivencia y el orden público.
Históricamente, la seguridad ha sido vista como una competencia exclusiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sin embargo, la realidad nos demuestra que una ciudadanía informada y comprometida puede ser un factor determinante en la prevención y esclarecimiento de infracciones. La posibilidad de que cualquier persona presente denuncias voluntarias por hechos de seguridad ciudadana no solo es un derecho reconocido en España, sino una herramienta valiosa para complementar y potenciar la labor de nuestras autoridades.
El marco legal de nuestra participación
En España, nuestra capacidad de denuncia encuentra respaldo en diversas normativas. Y aunque la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como "Ley Mordaza", no detalla un procedimiento específico para la denuncia ciudadana, sí establece el marco general de infracciones administrativas que podemos notificar. Desde desórdenes públicos hasta la tenencia y consumo de drogas en la vía, esta ley define el espectro de conductas que atentan contra la seguridad y que, por tanto, estamos facultados para denunciar.
El valor crucial de las pruebas: Las videograbaciones
Cuando un ciudadano decide dar un paso al frente y denunciar, la calidad de la información y las pruebas se vuelven cruciales. A diferencia de las denuncias presentadas por los agentes de la autoridad, que gozan de presunción de veracidad, las denuncias de particulares requieren un respaldo probatorio sólido. En este punto, las videograbaciones emergen como una herramienta de valor incalculable.
Las videograbaciones, obtenidas de forma lícita, sirven plenamente como prueba en procesos sancionadores administrativos. Esto significa que, si grabamos un hecho con el teléfono móvil en un espacio público —donde no existe una expectativa de privacidad absoluta— o si somos parte de la situación que grabamos, esa prueba es perfectamente válida.
Es fundamental atender a los límites y consideraciones legales al grabar:
- Legalidad de la grabación: En general, es legal grabar en la vía pública, incluso si aparecen personas identificables, ya que se considera un espacio con menor expectativa de privacidad. No obstante, si una persona grabada se opone explícitamente, es importante explicarle el destino de las imágenes.
- Uso y difusión de las imágenes: Aquí surgen las principales limitaciones. Aunque sea legal grabar, la difusión de esas imágenes puede tener consecuencias legales si se vulnera la intimidad, el honor o la propia imagen de las personas.
- Fines de denuncia administrativa: Si la grabación se realiza con el propósito de denunciar una infracción y las imágenes de las personas son accesorias o imprescindibles para probar la infracción (por ejemplo, alguien cometiendo un acto vandálico), es más que probable que sea admisible como prueba.
- Principio de minimización: La normativa de protección de datos exige que el tratamiento de datos personales sea "adecuado, pertinente y limitado en relación con los fines para los que son tratados".
- Uso comercial o difusión sin fin de denuncia: Si las imágenes se van a utilizar para fines comerciales o se van a difundir públicamente (por ejemplo, en redes sociales) sin un fin de denuncia específico y legítimo, y aparecen personas identificables, sí sería necesario el consentimiento expreso de esas personas.
- Cámaras fijas en la vía pública: Los particulares no pueden instalar cámaras fijas que graben la vía pública de forma indiscriminada, una función reservada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, salvo excepciones muy limitadas para empresas de seguridad enfocadas en la protección de bienes privados.
La clave reside en la legitimidad de la obtención de las pruebas: no se permite la intromisión ilegítima en la intimidad ajena ni la vulneración de derechos fundamentales. Además, la integridad y autenticidad del material son fundamentales; cualquier indicio de manipulación invalidaría su uso como prueba.
Nuestra responsabilidad en la colaboración
La tecnología no solo nos permite documentar un hecho, sino que nos empodera para ser agentes activos en la mejora de la seguridad. Al aportar una videograbación a una denuncia, estamos facilitando a las autoridades la tarea de investigar y, en su caso, sancionar las conductas ilícitas.
Sin embargo, esta capacidad conlleva una gran responsabilidad. No se trata de convertirse en "justicieros" o de difundir imágenes indiscriminadamente, lo que podría acarrear problemas legales por vulneración del derecho a la propia imagen o a la protección de datos. La actuación correcta es siempre canalizar la información a través de las vías oficiales: presentar la denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las Policías Locales, aportando el material de forma segura y sin manipulaciones.
En definitiva, la seguridad ciudadana es un compromiso de todos. La capacidad de denunciar voluntariamente, respaldada por la posibilidad de aportar pruebas como las videograbaciones, transforma al ciudadano de mero observador en un actor clave en la construcción de un entorno más seguro y justo.
Este artículo es un recordatorio de que nuestra participación, informada y responsable, es vital para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.
