El 28 de julio de 2023, cinco días después de las elecciones generales, comenzó en España un recuento que pocos ciudadanos siguieron en directo pero que alteró el resultado final. Los votos del Censo Electoral de Residentes Ausentes —el CERA, como se conoce al colectivo de españoles que viven fuera del país y tienen derecho a voto— trasladaron un escaño del PSOE al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Un solo escaño, en unas elecciones donde cada asiento parlamentario valía su peso en oro. No fue un accidente estadístico. Fue la demostración de que el voto exterior importa, y que su peso iba a crecer.
El voto de los residentes en el extranjero en las últimas elecciones andaluzas volvió a mostrar un limitado peso electoral, pero con un comportamiento diferente. Con unos 21.583 votos sobre más de 300.000 electores, la participación alcanzó el 7,14%, duplicando ampliamente la de 2022 tras la eliminación del voto rogado. En este ámbito, el PSOE fue la fuerza más votada, con cerca de 6.700 sufragios, por delante del PP, lo que contrasta con la clara victoria de este último en el voto interior. Pese a esa singularidad, el impacto del CERA sigue siendo marginal, ya que representa apenas en torno al 0,5% del total de votos y no alteró el reparto de escaños. En conjunto, el voto exterior apunta a una mayor movilización reciente y a patrones políticos propios, aunque sin capacidad real de modificar los resultados, al menos, por el momento.
Los números que cambian el mapa
En las generales del 23J, el CERA contaba con 2.327.388 electores registrados. De ellos, votaron 233.688, una participación del 10,04%. Puede parecer una cifra modesta —y lo es, comparada con la participación interior del 70,4%— pero su distribución geográfica la convierte en políticamente relevante. En circunscripciones pequeñas, con pocos escaños en juego, unos miles de votos exteriores pueden inclinar la balanza.
Lo llamativo es que esa cifra de 2,3 millones podría quedarse pequeña en los próximos años. La razón tiene nombre propio: la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022 y popularmente conocida como la “ley de nietos”.
La ley que abrió las puertas
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática permitió a los hijos y nietos de exiliados del franquismo solicitar la nacionalidad española de origen. El objetivo declarado era reparar una deuda histórica con quienes tuvieron que abandonar el país por la represión o la necesidad durante la dictadura.
El resultado en términos de demanda fue, según el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, histórico. Entre octubre de 2022 y marzo de 2026 se recibieron aproximadamente 2,4 millones de solicitudes, más del doble de las registradas durante el plazo previsto por la Ley de Memoria Histórica de 2007. A finales de 2025, más de 414.000 personas habían obtenido efectivamente la nacionalidad española. Con más de 545.000 expedientes aprobados hasta marzo de 2026, el proceso continúa su tramitación.
La concentración geográfica es muy marcada: más del 95% de las solicitudes llegaron desde consulados en Iberoamérica. Argentina y Cuba representaron conjuntamente más del 53% del total. Le siguen, a distancia, México, Venezuela y Uruguay.
El plazo de solicitud venció en octubre de 2025 y no se admiten nuevas peticiones. Pero los expedientes ya presentados siguen su tramitación, y los ciudadanos que ya obtuvieron la nacionalidad tienen derecho pleno a inscribirse en el CERA y votar en las próximas elecciones generales.
El debate que nadie quiere abrir del todo
La cuestión que planea sobre todo esto es incómoda pero legítima: ¿hasta qué punto es razonable que personas que no residen en España, no pagan impuestos aquí, no usan sus servicios públicos y no vivirán las consecuencias de sus decisiones electorales, tengan el mismo peso que un ciudadano que sí lo hace?
No es una pregunta nueva. La teoría democrática clásica sostiene que debe existir una coincidencia razonable entre quienes toman las decisiones colectivas y quienes soportan sus consecuencias. Cuando esa coincidencia se debilita, el sistema de representación pierde parte de su sentido.
Los datos de participación refuerzan este análisis. Mientras en los consulados europeos —Londres, Bruselas, Ginebra, París— la participación CERA rondó el 15-18% en 2023, en América Latina fue mucho más baja: 6,22% en Buenos Aires, 4,78% en México. Quien vota desde el exterior latinoamericano lo hace con una motivación más selectiva, más intensa y, presumiblemente, más ligada a la identidad que a la valoración de la gestión concreta del gobierno.
El antecedente del voto rogado
Este no es el primer momento en que el voto exterior genera controversia en España. En 2011, PP y PSOE pactaron una reforma de la LOREG que introdujo el llamado “voto rogado”: los electores del CERA debían solicitar expresamente la documentación para poder votar. La medida respondió, según reconocieron ambos partidos, a denuncias reales de irregularidades en el voto exterior, especialmente en los comicios gallegos.
El efecto fue drástico: la participación exterior cayó del 32% en 2008 al 5% en 2011. Durante más de una década, el voto rogado fue denunciado por las comunidades de emigrantes como un obstáculo inaceptable. En 2022, el Congreso lo suprimió por casi unanimidad, y el proceso volvió a ser automático: la documentación se envía de oficio a todos los inscritos en el CERA.
En las elecciones de 2023, primeras celebradas sin voto rogado, la participación subió al 10,04%. No se detectaron problemas reseñables de gestión. Pero la pregunta sobre la integridad del proceso en contextos de verificación más compleja —como los que predominan en las solicitudes de la ley de nietos— sigue abierta.
Qué está en juego
El debate tiene dos dimensiones que conviene no mezclar. Una es jurídica: quien tiene la nacionalidad española tiene derecho a voto. Eso no está en discusión. La otra es política y normativa: ¿es el diseño actual el más adecuado para el interés general del país?
Algunos expertos apuntan que otros sistemas democráticos condicionan el ejercicio del voto exterior a alguna forma de vínculo funcional activo con el país —residencia previa reciente, inscripción consular mantenida, estancias documentadas— más allá del lazo genealógico. España no tiene esa exigencia.
Por otro lado, hay argumentos en favor de mantener o ampliar el voto exterior: refuerza los vínculos con una diáspora que puede aportar inversión, talento y proyección internacional; reconoce la identidad española de comunidades que la han preservado durante generaciones; y tiene una dimensión de justicia histórica difícil de ignorar.
Lo que los datos de 2023 y el volumen de solicitudes de la ley de nietos dejan claro es que este debate ya no es teórico. Con más de 400.000 nuevos ciudadanos incorporados al mapa electoral en pocos años, y con la capacidad demostrada del CERA de alterar escaños en elecciones ajustadas, la pregunta sobre quién decide el futuro de España tiene una nueva y concreta dimensión que merece un debate público informado, sin demagogias en ninguna dirección.
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Los datos utilizados en este artículo proceden del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Inclusión (Carta España), el Instituto Nacional de Estadística y la Junta Electoral Central.