Las protestas de octubre de 2019 en Cataluña marcaron un hito en la historia reciente del Estado español. Fueron masivas, sostenidas y profundamente simbólicas. Sin embargo, su impacto político fue limitado, y muchas de sus dinámicas siguen resonando en la situación actual del país.
Entre los éxitos más significativos del movimiento destaca la consolidación de una cultura política basada en la acción directa, la organización descentralizada y la legitimación de la desobediencia como herramienta democrática. La articulación entre CDR, Tsunami Democràtic, ANC, Òmnium y otros actores permitió acciones de gran impacto, como la ocupación del aeropuerto de El Prat, que evidenciaron una capacidad táctica notable.
El movimiento también logró internacionalizar parcialmente el conflicto, generando atención mediática global y denuncias de organismos de derechos humanos. La narrativa del derecho a decidir y la denuncia de la represión conectaron con sectores progresistas fuera de Cataluña.
Sin embargo, los fracasos fueron igualmente relevantes. No se logró traducir la movilización en avances institucionales concretos. La falta de una estrategia común, la fragmentación entre partidos independentistas y la ausencia de interlocución efectiva con el Estado limitaron su alcance. La acción judicial y policial tuvo un efecto disuasorio, y la desmovilización progresiva dejó al movimiento en una fase de repliegue.
Estas tensiones no han desaparecido. En 2025, el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez —en su tercer mandato, sostenido por acuerdos con ERC y Junts per Catalunya— sigue enfrentando críticas por su gestión del conflicto catalán
La aprobación de la Ley de Amnistía para los líderes independentistas ha generado disturbios, polarización y una ofensiva política por parte de la derecha, que acusa al Ejecutivo de ceder ante el secesionismo. La situación actual refleja los límites del modelo territorial español. La fragmentación parlamentaria, la dificultad para aprobar presupuestos y los escándalos de corrupción han debilitado la imagen del Gobierno. A pesar de haber aprobado más de 40 leyes, el Ejecutivo no ha logrado consolidar una mayoría estable ni avanzar en una reforma territorial que aborde el conflicto catalán de forma estructural.
El movimiento independentista de 2019, aunque debilitado, sigue siendo un referente más para entender la crisis de legitimidad que atraviesa el Estado. Su legado cultural, organizativo y simbólico permanece vivo en sectores sociales que continúan reclamando una democracia más participativa, un modelo territorial más justo y una política menos dependiente de pactos coyunturales.
El balance es, por tanto, ambivalente: el movimiento catalán logró construir una movilización histórica, pero no consiguió transformar esa fuerza en resultados políticos duraderos. Y el Gobierno actual, aunque ha intentado gestionar las consecuencias, sigue atrapado en las contradicciones que el propio conflicto ha revelado.
