En España, hablar de meritocracia en la administración pública es como hablar de dieta sana en una churrería: deseable, pero poco practicada. Sin embargo, los datos muestran que contratar por méritos, y no por amiguismo, puede ser clave para reducir la corrupción y mejorar la economía. Esta relación entre la meritocracia y sus resultados está ampliamente estudiada y sorprende que algunas de nuestras élites políticas sigan ignorándola.
En nuestro país, el "ascensor social" parece averiado desde hace décadas. Informes como “España 2050”, publicado por el propio Gobierno de España, insisten en que el origen socioeconómico sigue siendo el principal determinante del éxito educativo y profesional, limitando gravemente la movilidad social. Pero lo cierto es que esta situación se agrava, paradógicamente, en la administración pública, donde persisten prácticas de selección poco transparentes, como nombramientos discrecionales o concursos restringidos. Para reparar este ascensor social, es urgente implementar reformas meritocráticas que garanticen que el acceso a los puestos públicos se base en méritos objetivos y no en vínculos personales o partidistas. Una administración más meritocrática no solo sería más justa, sino también más eficiente y menos vulnerable a la corrupción (Espín, 2022).
Según el Informe Trienal de Contratación Pública 2021-2023, los contratos menores y procedimientos no competitivos siguen siendo una fuente de opacidad y riesgo de corrupción. Esta corrupción es un agujero negro para el gasto público porque la contratación pública representa más del 20% del gasto público en España (Mo de Hacienda, 2024). Este informe, publicado en agosto de 2024, señala que la profesionalización de las instituciones públicas está directamente relacionada con su buen funcionamiento. Cuando los cargos se asignan por méritos, se mejora la eficiencia, se reduce la corrupción y se fortalece nuestro Estado de Derecho. El Portal de la Transparencia destaca que los procedimientos abiertos y competitivos generan mejores resultados económicos y mayor confianza ciudadana (Gobierno de España, s. f.).
La falta de meritocracia no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también facilita prácticas opacas y clientelares
La “Fundación Hay Derecho" documentó cómo la falta de meritocracia en los nombramientos de altos cargos públicos estatales favorece la politización y debilita la calidad institucional. En su estudio de 2024, se concluye que muchos directivos públicos acceden a sus puestos por afinidad política, no por méritos profesionales (De la Nuez, 2024).
Existe una correlación directa entre la calidad meritocrática de las instituciones públicas y los niveles de corrupción. Los países con sistemas de selección basados en méritos presentan índices de corrupción significativamente más bajos (Alcalde Poma et al., 2025). La falta de meritocracia no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también facilita prácticas opacas y clientelares.
En lo que respecta al desempeño económico, diversos análisis académicos en España han vinculado la eficiencia institucional con el desarrollo. Una administración pública profesional y transparente mejora la asignación de recursos, reduce la incertidumbre regulatoria y favorece la inversión (Alcalá & Jiménez, 2018; Fabro Esteban et al., 2005; IEE, 2023; Pedraza Rodríguez, 2023).
Si queremos una administración más justa y eficiente, debemos institucionalizar la meritocracia con urgencia
Un estudio reciente del National Bureau of Economic Research (NBER) revela que los países con mayor meritocracia logran un rendimiento económico por individuo hasta un 20% superior. España, aunque supera a Francia, Italia y Reino Unido en eficiencia meritocrática (con un 60% de rendimiento por talento individual), aún presenta una alta desigualdad de oportunidades: el 68% de la desigualdad total se explica por el entorno de nacimiento. Esto significa que España desaprovecha gran parte de su talento. Mejorar la meritocracia en el acceso a la educación, al empleo y a la función pública podría traducirse en un crecimiento económico más robusto y sostenible (Bandiera et al., 2024).
Nuestro país, hace más de una década, dió un primer paso en transparencia con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y con la posterior creación de organismos de control como la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), pero aún queda camino por recorrer. La clave está en institucionalizar la meritocracia: concursos públicos bien diseñados, evaluaciones objetivas, formación continua y sanciones ejemplares ante las irregularidades que se detecten. Si queremos una administración más justa y eficiente, debemos institucionalizar la meritocracia con urgencia. No es solo una cuestión ética, sino económica.
Referencias:
Alcalde Poma, R. F., Nina-Cuchillo, J., Sánchez Aguirre, F. de M., Alcalde Poma, R. F., Nina-Cuchillo, J., & Sánchez Aguirre, F. de M. (2025). Impacto de la meritocracia en el rendimiento de servidores públicos en Latinoamérica: Una revisión sistemática. Revista InveCom, 5(4). https://doi.org/10.5281/zenodo.14675016https://doi.org/10.3386/w32375
Alcalá, F., & Jiménez, J. (2018). Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España. Fundación BBVA. https://www.fbbva.es/publicaciones/los-costes-economicos-del-deficit-calidad-institucional-la-corrupcion-espana
Bandiera, O., Kotia, A., Lindenlaub, I., Moser, C., & Prat, A. (2024). Meritocracy across Countries (Working Paper No. 32375). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w32375
De la Nuez, I. (2024). Informe sobre nombramientos en altos cargos públicos. Fundación Hay Derecho.
Espín, J. S. (2022). Movilidad intergeneracional y meritocracia en España. Documento de trabajo.
Fabro Esteban, G., Aixalá Pastó, J., & Simón Fernández, B. (2005). Crecimiento económico y calidad institucional. Universidad de Zaragoza.
Gobierno de España. (s.f.). Portal de la Transparencia de la Administración del Estado. https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto.html
Instituto de Estudios Económicos (IEE). (2023). La mejora de la calidad institucional del comercio en España: Cuantificación de su impacto económico y social. Colección Informes.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (s.f.). https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Ley-de-Transparencia.html
Ministerio de Hacienda. (2024). Informe trienal relativo a la contratación pública en España (2021–2023). Portal de la Transparencia. https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Informes-de-interes/Hacienda/InformetrienalContratacionPublica21-22-23.html
Pedraza Rodríguez, J. A. (2023). La calidad de las instituciones y su relación con la economía: Una revisión de las bases conceptuales y estudios empíricos. Revista CENTRA de Ciencias Sociales, 2(2), 6.
