España vive una paradoja política que pocos se atreven a decir en voz alta: los dos grandes partidos –PP y PSOE– se pasan el día acusándose de pactar con socios “tóxicos”, pero ninguno está dispuesto a usar la única herramienta que podría evitarlo: la abstención mutua.
El Partido Popular denuncia, con razón desde su óptica, que el PSOE gobierna apoyándose en partidos nacionalistas e independentistas como ERC, Junts o Bildu, fuerzas que tienen una agenda territorial que tensiona la cohesión del Estado. El PSOE responde señalando, también con argumentos propios, que el PP ha normalizado los pactos con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas, dando entrada al poder a una fuerza que cuestiona consensos democráticos básicos.
Ambos discursos pueden ser ciertos al mismo tiempo. Lo que no es cierto es que no exista alternativa. Esa alternativa se llama abstención técnica: permitir que gobierne el partido más votado sin necesidad de apoyarse en extremos ni minoritarios. Ocurre en otros países europeos cuando el sistema se bloquea. En España no ocurre porque el coste político interno es más importante que el coste institucional del país.
El PP teme que facilitar gobiernos del PSOE, aunque sea sin Vox ni independentistas, se vea como una traición a su electorado. El PSOE teme que permitir gobiernos del PP, aunque sea sin Vox, debilite su relato de resistencia frente a la derecha. Ambos prefieren el desgaste del adversario a la estabilidad del sistema.
El resultado es un círculo vicioso: la fragmentación obliga a pactar con terceros, esos pactos alimentan la polarización, y la polarización hace imposible la abstención que rompería el ciclo. Mientras tanto, Vox, Junts, ERC o Bildu se convierten en árbitros de la política española no porque sean mayoría, sino porque los dos grandes se niegan a entenderse ni siquiera para neutralizar a los extremos. No es que PP y PSOE no sepan cómo evitar este escenario. Es que no quieren pagar el precio político de hacerlo. Y en el Ayuntamiento de Lucena ocurre lo mismo.
Vicente Dalda
