Cada cuatro años vamos a votar creyendo que elegimos a nuestros diputados. En realidad, no es exactamente así. Lo que votamos es una lista ya cerrada, con los nombres colocados de antemano por el partido. Quién entra y quién se queda fuera se decide antes de que nosotros votemos. No elegimos personas. Elegimos un paquete ya hecho. De hecho, en la mayoría de los casos ni siquiera conocemos a los candidatos.
Y esto no es un error ni un fallo puntual. Es así por diseño, desde hace décadas, y lo hemos normalizado tanto que casi no lo cuestionamos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que desarrolla el artículo 68 de la Constitución, es la que establece este sistema de listas cerradas y bloqueadas. Y pensemos un momento: el artículo 23.1 de la Constitución dice que tenemos derecho a participar en política "por medio de representantes libremente elegidos". En la práctica, lo único libre es elegir entre paquetes que otros han cerrado por nosotros.
Un diputado libre... solo sobre el papel
La Constitución dice algo interesante en su artículo 67.2: que ningún diputado puede estar obligado a votar en un sentido concreto por orden de su partido. Suena bien. El Tribunal Constitucional lo ha confirmado varias veces: el escaño es de la persona, no del partido que la presentó.
Pero aquí viene la trampa. El partido no puede echar a un diputado del Congreso, cierto. Lo que sí puede hacer es no volver a ponerlo en ninguna lista, apartarlo, marginarlo en el grupo parlamentario, dejarlo sin recorrido. Así que esa "libertad de voto" existe en la ley, pero se esfuma en el día a día. Te garantiza acabar la legislatura sentado en tu sitio. No te garantiza tener futuro si un día decides llevar la contraria.
Cuando el jefe ya no es el votante, lo es el partido
A esto se le llama "partitocracia": el poder de decidir quién nos representa ha pasado de los ciudadanos a las cúpulas de los partidos. El diputado ya no necesita convencer a la gente que lo vota. Necesita caerle bien a quien hace las listas, las élites del partido. Parece un detalle técnico, pero cambia algo esencial: para quién trabaja de verdad un representante.
Y esto no lo dice solo el que está enfadado con la política. Juristas serios llevan años avisando de ello, y hasta el Consejo de Estado dedicó un informe entero, en 2009, a buscar alternativas. No prosperó ninguna.
La otra cara de la moneda
No sería honesto pintar esto como algo fácil de arreglar. El sistema actual tiene defensores con argumentos serios: las listas cerradas dan estabilidad al Parlamento. El ejemplo de manual es la Italia de posguerra, donde con listas abiertas los gobiernos duraban meses. Si se personaliza demasiado el voto, se corre el riesgo de romper la Cámara en mil pedazos y no poder gobernar nada.
Por eso la solución sensata no es abrir las listas del todo, sino algo más moderado: "desbloquearlas". Seguiríamos votando partidos, pero podríamos cambiar el orden de los nombres dentro de esa lista. Es como cuando compras un menú del día pero puedes elegir tú qué plato va primero. Ese modelo ya existe, con matices, en otros países cercanos. Los partidos no desaparecen, pero pierden el monopolio total sobre quién acaba representándonos.
Ni magia, ni milagros
Pero seamos realistas: ni esto ni nada va a acabar de golpe con la tendencia de cualquier organización política grande a concentrar el poder arriba del todo. Para eso también harían falta primarias de verdad y más transparencia dentro de los partidos. Pero acercar un poco más al votante y a quien lo representa no es pedir un imposible. Es un cambio técnico, concreto, que llevamos años teniendo sobre la mesa sin tocarlo.
No faltan ideas. Falta que quienes tendrían que impulsar el cambio dejen de ser, precisamente, los que más ganan con que todo siga igual.