Hace ya años que se inició un claro ataque a las pensiones públicas, uno de los derechos más apreciados por la inmensa mayoría de la población. Para ello se ha difundido hasta la saciedad un discurso catastrofista que a base de ser repetido ha calado hondo en la gente: la sociedad se hace vieja, no habrá trabajadores suficientes para financiar las pensiones, estas no se van a poder pagar en el futuro, conviene suscribir cuanto antes fondos de pensiones privados... Estos razonamientos se suelen presentar acompañados de informes que cada cierto tiempo auguran que en tal o cual fecha la Seguridad Social tendrá un déficit insoportable. Los medios los difunden y la opinión pública termina por asumir que el futuro de las pensiones que ahora son imprescindibles para garantizar una vida digna en la vejez está en el aire. (Torres López y Vicenç Navarro 2010).
Detrás de las alarmas que se lanzan constantemente sobre el futuro de las pensiones hay un intento real de favorecer a las entidades financieras que quieren gestionar en su exclusivo beneficio el ahorro de los trabajadores. El dinero que mueven las pensiones públicas es mucho, más de 200.000 millones de euros anuales, la partida más importante de los Presupuestos Generales del Estado en España, y eso constituye un botín muy apetitoso para los bancos, que se esfuerzan en difundir todo tipo de razones para convencer a la gente de que lo mejor es que ellos gestionen semejante fortuna. En este sentido buscan el apoyo de aquellas formaciones políticas que se prestan a ello porque piensan como ellos, y así escuchamos declaraciones de esta índole: “El sistema de pensiones español es un zombi y está quebrado, (José María Figaredo, secretario general de Vox y portavoz económico). El sistema de pensiones actual va a petar, quebrará debido al envejecimiento de la población y la falta de cotizantes. (Esther Muñoz portavoz del Partido Popular en el Congreso).
Que los bancos obtienen grandes beneficios con los fondos de pensiones (que, no olvidemos, es dinero de los trabajadores), y por eso presionan con todo tipo de acciones y argumentos para gestionarlos ellos en vez de que lo haga el Estado, es un hecho incontestable. Veamos un ejemplo real:
Tengo un plan de pensiones, y en enero de 2021 había 16.870, en enero de 2026, cinco años después, estaba en17.686€. Aparentemente he obtenido una ganancia de 816 euros es decir un incremento del 4,84% (menos del 1% anual). La inflación acumulada en el periodo 2021-2025 ha sido del 24,8%. Esto significa que lo que yo podía comprar en 2025 con 16.870€ hoy necesitaría 21.054€, y solo tengo 17866, luego en los 5 años mi fondo ha perdido 3188€. Negocio redondo.
Mi plan de pensiones lo gestiona una entidad bancaria, como ocurre con el 76% de los fondos de pensiones en España, y resulta que esa entidad, en el periodo 2021-2025 ha acumulado unos beneficios superiores a los 2.000 millones de euros. Lo dice el refrán, la banca siempre gana.
FMI alerta sobre el llamado "riesgo de longevidad", es decir, el impacto que supone que las personas vivan más años de lo previsto para los sistemas de pensiones. Este, que vivamos más años, es un hecho afortunado y fruto del progreso social que los defensores de la privatización, como el Fondo Monetario Internacional y las ideologías neoliberales, nos presentan como algo dramático y peligroso para asustar y vender así mejor sus propuestas de reforma privatizadora (y que los bancos gestionen el dinero de los trabajadores).
El verdadero peligro que amenaza a las pensiones públicas radica en que se sigan aplicando políticas que incrementan cada vez más la desigualdad. Muchos economistas, entre ellos Premios Nobel como Joseph Stiglitz, y organismos internacionales como el Consejo de Europa o la Oficina Internacional del Trabajo, han demostrado que hay formas mucho más justas y auténticas para salvar las pensiones públicas que las que están proponiendo los economistas neoliberales.
José A. Sánchez