José Antonio Sánchez

Los sindicatos españoles en la encrucijada

16 de Noviembre de 2026
Imagen generada mediante IA
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En torno a la huelga general del 11 de noviembre, el Partido Popular (PP) y Vox lanzaron una ofensiva verbal contra CCOO y UGT, calificando a los sindicatos de "parásitos del Estado", "mafia", "basura" y "apesebrados". Sin embargo, cuando la acusación de "dependencia de las subvenciones" se contrasta con los datos del Tribunal de Cuentas y con los hechos jurídicos, emerge una imagen inversa: quien realmente presenta una contradicción estructural entre el número de afiliados y los ingresos por cuotas es precisamente el PP, el partido que se autoproclama "el partido de los trabajadores".

Insultos y acusaciones: una ofensiva discursiva coordinada

En vísperas de la huelga, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, exigió públicamente a su líder, Feijóo, que se comprometiera a "acabar con toda esta basura sindical", y calificó a los sindicatos de "mafia". Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, calificó al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y al de CCOO, Unai Sordo, como "los ministros número 23 y 24" del Gobierno de Sánchez. El líder de Vox, Abascal, fue más allá y llamó a los sindicatos "enemigos del pueblo", sosteniendo que la huelga "no debería haber sido legal".

La acusación central de estos discursos es que los sindicatos viven de las subvenciones públicas y, por tanto, son "subsidiados". Pero esta acusación no resiste la comparación con los datos.

Cuotas y subvenciones: ¿quién depende realmente de los fondos públicos?

En cuanto a la estructura financiera de CCOO y UGT, los sindicatos sostienen que las cuotas de afiliación constituyen la parte principal de sus ingresos. Los datos públicos de CCOO muestran que, de unos ingresos anuales cercanos a los 218 millones de euros, solo el 9,6% procede de subvenciones institucionales; otro material de fuente sindical afirma que alrededor del 95% de los ingresos proviene de recursos propios (principalmente cuotas) y que las subvenciones públicas representan solo en torno al 5%. La afiliación conjunta de los dos grandes sindicatos se acerca a los dos millones (CCOO algo más de un millón, UGT alrededor de un millón), y los ingresos por cuotas que genera esa base constituyen el fundamento de su autonomía financiera. 

El PP, en cambio, presenta un panorama radicalmente distinto. Según las cuentas anuales de 2025 presentadas por el partido ante el Tribunal de Cuentas, el PP declara 807.792 afiliados, pero sus ingresos anuales por cuotas ascienden a solo 3.550.449 euros, lo que supone una cuota media anual de 4,40 euros por afiliado. Los estatutos del PP fijan una cuota mínima anual de 20 euros, y en algunas federaciones la cuota real oscila entre 24 y 40 euros. Estos datos muestran que la gran mayoría de los "afiliados" no paga cuota alguna o que el número de afiliaciones está sobre las 40.400.

Por hacer una comparación entre los dos partidos grandes, en el mismo periodo, el PSOE declara alrededor de 148.000 afiliados, con unos ingresos por cuotas de 9.555.283 euros, lo que supone una cuota media anual de 64,54 euros, casi quince veces la del PP. Los datos de 2024 confirman el mismo patrón: el PSOE ingresó 9,7 millones de euros en cuotas frente a los 3,2 millones del PP, pese a que el PP declara más de cuatro veces más afiliados que el PSOE.

En otras palabras, un partido que declara 800.000 afiliados ingresa por cuotas menos del 40% de lo que ingresa un partido que declara menos de 150.000. Esta inversión entre número e ingresos solo admite dos explicaciones: o las cifras de afiliación están sistemáticamente infladas, o la inmensa mayoría de sus "afiliados" no asume obligación económica alguna. En cualquiera de los dos casos, si la acusación de "dependencia de las subvenciones públicas" fuera válida, debería dirigirse en primer lugar contra el propio PP, cuyas subvenciones electorales y dotaciones parlamentarias anuales no admiten comparación con las de los sindicatos.

¿Quiénes son los "mafiosos"?

Cuando el PP califica a CCOO y UGT de "mafia" y "basura", conviene recordar qué organización ha sido condenada judicialmente por corrupción sistémica. La sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de mayo de 2018, confirmada en lo esencial por el Tribunal Supremo en octubre de 2020, declaró probado que la trama Gürtel –vinculada al PP– creó una "estructura de corrupción auténtica y eficaz" que manipuló los mecanismos de contratación pública mediante sobornos y facturas falsas. El Tribunal Supremo ratificó que el Grupo Correa "creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP".

Como consecuencia, el PP fue condenado, como persona jurídica, a pagar 245.492 euros por haberse beneficiado a título lucrativo de los actos electorales que la trama sufragó irregularmente en Majadahonda y Pozuelo. La sentencia también acreditó la existencia de una caja B en el partido, una contabilidad "extracontable" sobre la que el extesorero Luis Bárcenas tenía "plena capacidad de control y disponibilidad". Bárcenas fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión; Francisco Correa, cabecilla de la trama, a 51 años y 11 meses.

El Supremo precisó que la condena del PP era a título lucrativo, lo que presupone que el partido se benefició sin haber sido acusado de participar en el delito, y que la caja B no era el objeto principal de ese juicio. Pero esa precisión técnica no borra el hecho central: la organización condenada por lucrarse de una trama de sobornos y facturas falsas es el PP, no los sindicatos a los que sus dirigentes llaman "mafiosos".

Si el criterio para calificar a una organización de "mafiosa" es haber sido condenada por corrupción mediante sobornos y facturas falsas, ese calificativo tiene un destinatario judicialmente acreditado. Y no es CCOO ni UGT.

Una organización cuya escala de afiliación declarada guarda una diferencia de varios órdenes de magnitud con sus ingresos reales por cuotas, y que cada año recibe subvenciones públicas para su maquinaria partidista; frente a otra que cuenta con cerca de dos millones de afiliados que pagan cuotas, con una presencia limitada de fondos públicos en sus ingresos, y que es tildada de "basura" y "mafia" cuando defiende la vivienda y los derechos laborales. Cuando ambas imágenes se ponen una al lado de la otra, la acusación de "subsidiado" y "parásito" se invierte.

Los insultos de la derecha contra los sindicatos no responden tanto a una preocupación por la transparencia financiera como a una estrategia política: estigmatizar una movilización social con reivindicaciones de vivienda en vísperas electorales y, al mismo tiempo, eludir un hecho que le resulta más incómodo: quien realmente depende de los fondos públicos a nivel organizativo y carece de capacidad de movilización económica real a nivel de afiliación es precisamente el partido que acusa a los sindicatos de "vivir de las subvenciones".

José Antonio Sánchez

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