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A las 24:00 horas del próximo día 2 de noviembre sábado cesará en sus funciones de gestión del servicio municipal de aguas la empresa Aquagest, poseedora del 49% del capital de "Aguas de Lucena", entidad que seguirá viva contando ya con la participación única del ayuntamiento de Lucena. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga a ello y el equipo de gobierno formado por PSOE e IU fue incapaz de pactar una prórroga del contrato, de forma que los socialistas se quedaron en minoría en defensa de la prórroga, mientras PP e IUCA votaban en contra al considerar irreversible la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del TSJA.
La forma en que será gestionada el agua durante los próximos meses y el nuevo modelo de gestión son una incógnita y las consecuencias que pueda deparar para el cogobierno la adopción de estas decisiones también.
¿FIN DEL PACTO DE GOBIERNO?
A pesar de que nadie en el gobierno municipal ha querido hacer sangre con el tema, el voto en contra de IUCA en el pleno ha sido entendido por algunos militantes socialistas como una deslealtad. Al concluir la votación del punto en el pleno celebrado el martes, la mayoría de los miembros de la agrupación local del PSOE presentes en el plenario abandonaron sus asientos con caras de pocos amigos y mostraron de este modo su disconformidad con la postura de IU y no pocos, incluidos algunos miembros de la Ejecutiva Local, hablan ya abiertamente de que puede haber llegado el momento de romper el pacto de gobierno. Ayer, el concejal de Hacienda, José Cantizani, salía al paso de ese malestar, intentando dejar claro que una cosa es la política y otra la gestión, y descartaba rotundamente una ruptura a corto plazo, aunque dijo no saber si, a medio plazo, podría suceder.
Cantizani declaró que la situación 'no es agradable', pero apelaba a la decisión de ambas formaciones para continuar trabajando 'sin ningún problema'. En todo caso, el edil socialista indicó que 'en política no se pueden tomar decisiones a la carrera, ni de modo precipitado, tenemos que valorar cuál es la situación'.
¿HACÍA OTRA SOCIEDAD MIXTA?
Sobre el futuro de la gestión del agua, el pleno y las palabras del alcalde, Juan Pérez, parecieron mostrar un cambio drástico respecto a lo expresado hace tan solo una semana, con motivo de la visita del Vicepresidente Primero de la Diputación Salvador fuentes, cuando todo parecía abocado a una empresa intermunicipal, diseñada a medida del ayuntamiento de Lucena, con participación de la Diputación Provincial a través de su empresa pública Emproacsa. Fuentes del PSOE apuntan a que la solución ofertada por Diputación llevaría a un convenio con Emproacsa que supondría de facto entregar la gestión a la empresa provincial. Sin embargo, otros apuntan a que las tesis de la Asamblea Local del PSOE, que hace meses ya manifestó públicamente y por escrito su decisión de apostar por un concurso público como única vía para definir la nueva empresa, se han impuesto sobre los intentos del gobierno municipal de encontrar una salida consensuada. Algunos apuntan a la posibilidad de que esta partida se esté jugando también en instancias políticas más altas. Desde la Diputación se confirma que el acuerdo con el ente provincial está en estos momentos en vía muerta, aunque todas las puertas siguen abiertas a un tren que a estas alturas nadie sabe si llegará a su estación.
Y AHORA ¿QUÉ HACEMOS?
La otra patata caliente que deberá gestionar un equipo de gobierno con opiniones divergentes sobre esta cuestión es la disolución de Aguas de Lucena, que hoy celebrará su última Junta General. La empresa ha realizado fuertes inversiones en los últimos años, parte de ellas no amortizadas aún. El pasivo financiero supera los 1,2 millones de euros en créditos y la empresa podría solicitar indemnizaciones que algunas fuentes sitúan en más de 500.000 euros, aunque un estudio encargado por IU considera que no habría lugar a ellas. Quizá sea una auditoria independiente la que deba aclarar si se debe algo o no al socio privado de Aguas de Lucena y quién paga los platos rotos de un contrato que algunos consejeros de la empresa mixta han considerado "leonino" y muy perjudicial para los intereses municipales.
José Cantizani manifestó ayer para sorpresa de muchos que, pese a ser titulares del 51% de la empresa y a la certeza de que la fecha del 2 de noviembre llegaría, el ayuntamiento desconoce cuál será la indemnización que exigirá Aquagest por la finalización de su participación en la empresa mixta Aguas de Lucena. No obstante, aseveró que este desembolso no afectará a la economía del Ayuntamiento como persona jurídica .
El concejal de Hacienda lucentino enumeró los motivos por los que el PSOE apostó por la prórroga del actual contrato, entre los que citó la carencia por parte del Consistorio de un software adecuado para gestionar el servicio, la posibilidad de que la entidad bancaria que concedió el préstamo anticipe el vencimiento al variar las condiciones de Aguas de Lucena, la adaptación de las tarifas a las tasas o la pérdida temporal del 'saber hacer' de Aquagest. Para resolver muchos de esos problemas, salvo sorpresa, el ayuntamiento se podría ver abocado a recurrir a la misma Diputación a la que parece que el PSOE ya no admite como socio futuro. Paradojas.
En cuanto al personal, el alcalde, Juan Pérez, indicaba ayer a LucenaHoy que "no pasa nada, ya que Aguas de Lucena, titular de los contratos, no desaparece, aunque deje de pertenecer a la empresa Aquagest, por lo que los trabajadores seguirán trabajando el día 3 como si nada hubiese pasado". ¿Ocurrirá igual con los directivos, procedentes de una empresa que abandona la gestión, y sus altos sueldos?.
Y a todo esto se suma una rocambolesca posibilidad, que PP e IUCA sigan negándose a la entrada de una nueva empresa privada en la gestión del agua lucentina, como hicieron el martes con la prórroga e incluso impongan un modelo de gestión diferente.
A partir de hoy emprezarán a despejarse algunas de estas incógnitas, aunque, de momento, el horizonte inmediato amenaza tormenta.
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