La práctica totalidad de las asociaciones de mujeres representadas en el Consejo Local de la Mujer de Lucena han mostrado este lunes su rechazo “más absoluto” a la decisión del Gobierno central de retirar al juzgado lucentino las competencias en materia de violencia sobre la mujer, una medida incluida en el Real Decreto 422/2025 que entró en vigor el pasado 1 de enero.
El posicionamiento se ha dado a conocer mediante la lectura de un manifiesto en la sala de prensa del Ayuntamiento de Lucena, en un acto en el que han participado la concejala de Igualdad, Irene Aguilera, junto a Ángeles Martín y Teresa Ruiz Canela, en representación de los colectivos firmantes.
El documento –apoyado por el Colegio de Abogados de Lucena, que en el pasado mes de julio interpuso un recurso contra el decreto ante el Tribunal Supremo– ha sido respaldado por las asociaciones Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Al-Yussana; Mujeres en Igualdad; Clara Campoamor; Empresarias de Lucena; AFAMMER; La Perla de Sefarad; ATENEA; Mujer Activa de las Navas del Selpillar y la Asociación de Mujeres Xaunil de Jauja. La única entidad que no se ha sumado al acuerdo ha sido la Organización Feminista de la Subbética.
“Grave perjuicio” para las víctimas de violencia de género del partido judicial de Lucena
Las asociaciones consideran que el Real Decreto 422/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 4 de junio de 2025, supone un “grave perjuicio” para las víctimas de violencia de género del partido judicial de Lucena. La norma reorganiza la planta judicial en esta materia y atribuye al Tribunal de Instancia de Córdoba la competencia para tramitar estos asuntos, lo que ha supuesto la supresión de dicha jurisdicción en el juzgado lucentino.
Según el manifiesto, esta decisión provoca una situación de “discriminación” respecto a las víctimas de otros partidos judiciales, al obligarlas a desplazarse fuera de su localidad para tramitar sus procedimientos. Los colectivos señalan que esta circunstancia rompe el principio de cercanía que, a su juicio, resulta esencial para atender adecuadamente a mujeres que atraviesan situaciones especialmente delicadas.
En este sentido, advierten de que las víctimas deberán desplazarse más de 80 kilómetros para acceder a los servicios judiciales y profesionales vinculados a estos procedimientos, lo que –según argumentan– puede afectar tanto a su bienestar emocional como a su proceso de recuperación personal y social.
El manifiesto también sostiene que la medida repercute negativamente en los profesionales de la justicia que ejercen en el partido judicial de Lucena, al impedirles intervenir en casos originados en su ámbito territorial, lo que consideran una situación de desigualdad respecto a los operadores jurídicos que trabajan en Córdoba.
Asimismo, las asociaciones firmantes entienden que la decisión vulnera principios recogidos en el ordenamiento jurídico, al limitar el derecho de las víctimas a ser atendidas en su propio partido judicial y a contar con asistencia letrada y profesional en su entorno más cercano.
Ante esta situación, estas asociaciones solicitan formalmente al Gobierno de España y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que revoquen la decisión y restituyan al juzgado de Lucena las competencias en materia de violencia de género, lo que consideran “imprescindible” para garantizar una atención eficaz y próxima a las víctimas.
