La edil de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, ha señalado esta mañana que ya están totalmente concluidas las obras realizadas en el Centro Municipal de Servicios Sociales, que han contado con un presupuesto de 176.000 euros, financiados con recursos municipales. La actuación, que responde a la necesidad de adaptar este edificio municipal a la normativa vigente y crear nuevos espacios de atención al público ante el incremento de usuarios, accediendo así a la acreditación de la Junta de Andalucía, han supuesto una intervención integral en el ámbito de las instalaciones (de abastecimiento de agua, electricidad, iluminación y protección contra incendios) sobre espacios de las tres plantas en las que se divide este inmueble, cuyo inicio de construcción se remonta a 2001 con una superficie total de 1.685 metros cuadrados.
Se han ejecutado diferentes divisiones y particiones para vestíbulos de independencia en cuanto a protección contra incendios en todas las plantas, así como nueva escalera de evacuación en el patio central. También se adaptaron todas las plantas, huecos de paso y aseos a la normativa accesibilidad. Además, en la planta baja se ha construido un nuevo espacio para la recepción y espera.
Según Gallardo, ahora solo resta completar la dotación de mobiliario en algunas de estas nuevas dependencias.
ALBERGUE MUNICIPAL
Gallardo ha señalado que en estos momentos el equipo de gobierno no tiene sobre la mesa la construcción de albergue municipal, asunto sobre el que se habló en el pasado pleno.
La edil de Servicios Sociales recordó que la infraestructura actual en materia de atención a emigrantes de paso y transeúntes se limita al Centro de Atención Básica y la cesión del edificio municipal anejo al Cementerio Municipal Virgen de Araceli a la ONG Lucena Acoge, que próximamente lo dejará para trasladar a las personas que se alojan en el mismo a un nuevo edifico.
No obstante, Gallardo ha indicado que dicho inmueble carece de las condiciones necesarias para convertirse en albergue municipal, por lo que tendrá que ser la próxima corporación la que determine la necesidad o no de contar con este tipo de infraestructura alojativa.
