El cese de actividad de la clínica Vivanta Dental de Lucena, del grupo Aestes, ha dejado a numerosos pacientes de nuestra ciudad y de la comarca con tratamientos sin terminar, servicios total o parcialmente abonados que no habían comenzado y dudas sobre qué ocurrirá con las financiaciones contratadas para pagarlos. La situación ha provocado un incremento de las consultas y reclamaciones ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que está asesorando a los afectados sobre cómo actuar.
Desde este miércoles figura en el establecimiento un cartel con el aviso "Cerrado temporalmente hasta nuevo aviso. Disculpen las molestias". A primeros de semana, numerosas personas acudieron a la clínica, sin actividad asistencial, donde el personal atendió las preguntas de los pacientes, que consideran inexplicable no haber sido advertidos de la situación de la empresa, que, hasta hace unos meses, seguía tramitando tratamientos y financiaciones que, al menos a corto plazo, no se van a ejecutar, según han denunciado a este periódico algunos afectados de Lucena, Rute y Cabra, trasladando su preocupación por la interrupción de sus tratamientos, el destino de las cantidades comprometidas o la imposibilidad de acceder a documentación sobre su situación clínica.
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Lucena a través del concejal de Consumo, Francis Aguilar, la OMIC ha atendido más de 80 consultas telefónicas y presenciales en las últimas dos semanas y tramita ya más de 25 expedientes de reclamación. El servicio municipal venía contactando preventivamente con usuarios que tenían expedientes abiertos desde la publicación del concurso de acreedores de la compañía en el BOE, el pasado 15 de septiembre, pero el cierre ha intensificado la demanda de ayuda.
El alcance del problema supera el ámbito local. La OMIC de Lucena también ha orientado a consumidores de Rute, Benamejí, Aguilar de la Frontera, Cabra, Monturque y Moriles, aunque carece de competencia territorial para tramitar las reclamaciones de vecinos de otros municipios.
Varias opciones para reclamar
La principal preocupación de los pacientes es cómo completar la atención contratada y qué sucederá con el dinero ya entregado. Desde Consumo señalan que la interrupción de los tratamientos obliga a los afectados a buscar otros profesionales, con el consiguiente perjuicio económico. La vía para reclamar depende, fundamentalmente, de si el servicio se pagó directamente o mediante una financiación vinculada a la clínica.
Para quienes contrataron un crédito vinculado al tratamiento, la OMIC facilita escritos con los que solicitar a la entidad financiera la suspensión de las cuotas y la devolución de los importes abonados que correspondan a servicios no realizados. El artículo 29 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo permite ejercer derechos frente al prestamista cuando existe un incumplimiento del proveedor y el consumidor ha reclamado previamente a este, de manera acreditable, sin obtener una solución satisfactoria.
Consumo insiste en que los afectados no deben devolver los recibos bancarios de forma directa sin el debido asesoramiento, ya que esto podría acarrear la inclusión en ficheros de morosidad.
En los casos de tratamientos pagados directamente, sin una financiera intermediaria, la OMIC señala que las cantidades correspondientes a prestaciones no ejecutadas deben reclamarse en el procedimiento concursal. Para ello, es necesario comunicar el crédito a la administración concursal, FTI & Partners Corporate Recovery Spain, S.L.P., y solicitar su inclusión en la relación de acreedores.
La OMIC ha preparado modelos de reclamación para facilitar estas gestiones, tanto ante las entidades financieras como ante la administración concursal, y orientar sobre la solicitud del historial clínico. El servicio es gratuito. El Ayuntamiento recomienda reunir contratos, presupuestos, documentación de financiación, folletos y justificantes de pago o recibos bancarios, y acudir a la oficina municipal para recibir asesoramiento e iniciar los trámites correspondientes.
Actividad suspendida desde el 21 de octubre a nivel nacional
El cierre de Lucena se enmarca en la crisis de liquidez de Vivanta. Según ha informado Cinco Días, la compañía suspendió la actividad de su red después de que el 21 de octubre caducara la oferta de Donte Group, propietario de Vitaldent. La operación quedó bloqueada por una consulta judicial a la Comisión Europea sobre las implicaciones de la venta para la devolución del rescate público de 40 millones de euros concedido al grupo inversos de Vivanta por la SEPI en 2022.
La propuesta contemplaba adquirir 61 clínicas de las aproximadamente 130 que integra el grupo Aestes; la subrogación de 656 contratos de los 1.335 empleados activos, con sustitución del equipo directivo; el compromiso de atender los 30.000 tratamientos dentales en proceso o pendiente de realización de toda la red Vivanta, cuyo coste asciende aproximadamente a 36,9 millones; una financiación puente de hasta 16,5 millones de euros y el abono en efectivo de 3,35 millones de euros. Su vencimiento dejó sin materializar esa salida para la continuidad asistencial. Mientras se resuelve el futuro del grupo, los pacientes de Lucena y la comarca, como los de otros muhcos puntos de España donde vivanta Dental tenía clínicas, han comenzado a reclamar para proteger sus derechos y buscar una solución a sus tratamientos interrumpidos.
