El grupo municipal de Ciudadanos propondrá en el pleno de octubre la creación de un Programa Municipal para la Activación del Alquiler de Lucena, con el que pretende incorporar viviendas privadas vacías al mercado mediante una garantía económica limitada del Ayuntamiento frente a posibles impagos. La iniciativa plantea estudiar alquileres próximos a los 350 euros mensuales, con límites adaptados a las características de cada inmueble, y una cobertura municipal de entre el 80 % y el 90 % de las mensualidades impagadas, una vez que el propietario haya asumido una franquicia inicial de uno o dos meses.
La concejala de Ciudadanos, Puri Joyera, ha presentado este miércoles la moción, que propone comenzar con una experiencia piloto y un número limitado de viviendas. Su aplicación quedaría sujeta a la elaboración de los correspondientes informes técnicos, jurídicos y económicos y a la consignación de una partida específica en el próximo presupuesto municipal.
La propuesta busca conectar a pequeños propietarios que mantienen sus inmuebles fuera del alquiler por temor a los impagos con familias que pueden afrontar una renta moderada, pero encuentran dificultades para superar las exigencias del mercado. Entre los posibles destinatarios, Joyera ha señalado a trabajadores temporales, autónomos, empleados fijos discontinuos y familias con hijos que no disponen de un contrato indefinido, avalistas o una elevada capacidad de ahorro.
Viviendas de pequeños propietarios y rentas limitadas
Como criterio inicial, Ciudadanos plantea que puedan adherirse voluntariamente propietarios que no dispongan de más de dos viviendas, incluida su residencia habitual. Joyera ha explicado que la iniciativa está concebida para particulares con una segunda vivienda, no para grandes tenedores, fondos de inversión o empresas.
Los inmuebles tendrían que encontrarse en el término municipal de Lucena, reunir las condiciones legales para su arrendamiento y destinarse a residencia habitual y permanente. Además, su incorporación al programa debería producirse antes de la firma del contrato.
La moción toma como referencia una renta moderada próxima a los 350 euros mensuales, aunque precisa que el límite definitivo deberá establecerse mediante un estudio técnico del mercado local. También contempla fijar distintas cuantías según la superficie, el número de dormitorios u otras características de las viviendas.
Suvilusa comprobaría los requisitos de propietarios e inquilinos, incluida la capacidad económica de estos últimos para afrontar ordinariamente el alquiler. El propietario conservaría la posibilidad de elegir entre los candidatos que cumplan las condiciones del programa.
La garantía exigiría reclamar judicialmente el impago
La protección municipal no cubriría la totalidad de la deuda ni se activaría con la mera declaración del arrendador. El esquema que Ciudadanos propone estudiar establece una franquicia de una o dos mensualidades a cargo del propietario y una compensación posterior de entre el 80 % y el 90 % de la renta, con un máximo de 18 o 24 mensualidades. Estos parámetros quedarían pendientes de su definición en las bases reguladoras.
Para recibir la compensación sería necesario acreditar el impago, haber requerido previamente el abono al inquilino e interponer una demanda de resolución del contrato y desahucio, junto con la reclamación de las rentas adeudadas.
El Ayuntamiento solo abonaría compensaciones por mensualidades vencidas y no satisfechas, sin anticipar cantidades futuras. La cobertura finalizaría cuando el propietario recuperase la posesión del inmueble y su continuidad estaría condicionada a que mantuviese activo el procedimiento judicial.
La moción también propone estudiar si el Ayuntamiento o Suvilusa podrían personarse en estos procedimientos cuando existan cantidades municipales comprometidas. Esa posibilidad dependería de los informes jurídicos y de la legislación procesal aplicable.
Controles y evaluación anual
Para prevenir posibles impagos simulados, el texto plantea comprobaciones previas, exclusiones por determinadas relaciones familiares o económicas, inspecciones aleatorias y la obligación de comunicar pagos, acuerdos entre las partes o cualquier cambio en el procedimiento judicial. La ocultación de información podría provocar la pérdida de la cobertura y el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
Joyera ha defendido que la iniciativa atiende a un sector de población situado entre el mercado convencional y la vivienda social: hogares con ingresos para pagar un alquiler asequible que, sin embargo, encuentran dificultades para conseguir que un propietario les arriende una vivienda.
La edil ha reconocido que este programa no resolvería por sí solo el problema del acceso a la vivienda y ha reclamado una inversión suficiente en vivienda pública. Mientras esa oferta aumenta, considera que una garantía municipal podría animar a pequeños propietarios a poner en uso inmuebles actualmente cerrados.
La moción solicita al pleno aprobar la puesta en marcha del programa, encargar su desarrollo a los servicios municipales y, en su caso, a Suvilusa, y prever financiación en el próximo presupuesto. Además, plantea una evaluación anual ante la corporación con datos sobre viviendas incorporadas, contratos firmados, incidencias de impago y coste municipal de la medida.