El pleno del Ayuntamiento de Lucena acordó ayer por unanimidad, dejar sobre la mesa el punto relativo a la propuesta de la Alcaldía de interposición de acciones judiciales para el desalojo de una vivienda municipal, actualmente habitada por los seis miembros de una familia que, a juicio del equipo de gobierno, carecen de derecho alguno sobre la misma, adquirida por el consistorio en subasta tras acumular más de 42.000 euros en deudas con Hacienda Local y pesar sobre ella una orden de embargo por otros 31.000 euros a instancias de una entidad financiera.
Finalmente todos los grupos políticos secundaron la petición del PP para que el asunto fuese retirado, en aras a estudiar con más detenimiento las "serias dudas sobre la legalidad del procedimiento iniciado por Hacienda Local" según indicó el portavoz popular, Francis Aguilar, que aseguró que, tras estudiar el expediente, "en ningún folio consta notificación alguna o publicación oficial sobre los requerimientos efectuados a la familia o los conceptos adeudados".
En respuesta a Aguilar, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, reiteró lo dicho por la mañana ante los medios de comunicación: que el procedimiento "se ha hecho con pulcritud y trasparencia" y que se trata de "un bien municipal habitado por una familia sin título alguno", que adeudaba a Hacienda Local, y por ende al Ayuntamiento de Lucena, algo más de 42.000 euros en impuestos diversos correspondientes a varias propiedades y vehículos, lo que conllevó la subasta del inmueble al que el ayuntamiento acudió como titular del mismo, debiendo hacer frente a los 31.000 euros pendientes de hipoteca para evitar que el piso fuese adquirido por un particular por apenas 25.000 euros, por lo que la deuda total supera los 73.000 euros. Pérez se reafirmó en que se han mantenido "multitud de reuniones" con la familia sin éxito, y que la corporación "no puede mirar para otro lado" y esta legalmente obligada a "defender los intereses del Ayuntamiento, de los ciudadanos y de los vecinos inscritos en el registro de demandantes de vivienda", con más derecho a ocupar dicha vivienda, toda vez que la familia afectada ni siquiera se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Además, el portavoz de IU acusó al PP de "hacer pura demagogia sobre este tema ante los medios, obviando que aquí el ayuntamiento no tiene otra opción que exigir el desahucio" y la devolución del bien público y que nada tiene que ver esta situación con la de los ocupantes de una vivienda de la calle Huertas, a la que aludió el PP para justificar presuntas diferencias en la forma de actuar de PSOE e IU cuando se trata de desahuciar a "okupas" o familias lucentinas.
Todos los grupos convinieron que, llegados a este punto de un procedimiento iniciado en 2011, no está de más aguardar un mes para solicitar la información adicional que se estime necesaria y aclarar la legalidad del proceso iniciado. A ello añadió Juan Pérez, la realización de un nuevo informe social sobre la situación real de la familia.
