Los concejales del Partido Popular, Paco Huertas y Charo Valverde, han manifestado "su sorpresa" por la utilización de un letrado del Ayuntamiento de Lucena por parte de Fran Adame, concejal de Seguridad de Lucena, para "fines particulares". En concreto, el edil socialista solicitó en su fecha –y autorizó el alcalde posteriormente- la asistencia jurídica de la Administración Local para demandar en el Juzgado de Primera Instancia de Lucena a Antonio Sánchez Villatoro, exsecretario de organización del PSOE en Lucena, por un artículo de opinión titulado El concejal autoritario (el de Seguridad Ciudadana), publicado en lucenadigital.com y en el que, a juicio de Adame, se vertían injurias y calumnias.
Paco Huertas comentaba que el grupo municipal del Partido Popular entiende como "bastante irregular" que Fran Adame "haya acudido a los Tribunales" para presentar demanda contra Sánchez Villatoro, "sirviéndose de los servicios jurídicos municipales".
Seguidamente, Charo Valverde, edil del PP y letrada en ejercicio, relataba que Francisco Jesús Adame Quero presentó, con fecha 1 de junio de 2016, una solicitud en el Registro General del Ayuntamiento en la que exponía que, el 12 de mayo anterior, Antonio Sánchez Villatoro firmo un artículo de opinión en el que se emitían "injurias y calumnias" contra su persona. En el texto en cuestión, se le acusaba "de crear alarma social, no ser un buen socialista y no ser un buen político", según recordaba Charo Valverde.
Desde el PP se desvelaba que Adame pedía, "sin hacer mención a su cargo de concejal electo del Ayuntamiento", el traslado de dicha documentación al letrado contratado por el Ayuntamiento de Lucena, Mauro Guillén Posadas, para que iniciara actuaciones legales "en el supuesto de que dicha publicación pudiera ser constitutiva de delito". En la jornada del 13 de junio, "sin motivar o fundamentar con la ley en la mano en base a qué reconoce ese derecho del señor Adame", Juan Pérez, primer edil de la ciudad, respondió "afirmativamente" al requerimiento y disponía "encomendar la defensa jurídica y representación al abogado Guillén Posadas". La demanda correspondiente, para celebrar acto de conciliación, se interpuso el 27 de junio, firmada por el letrado de la Administración Local y procurador.
Durante su intervención, Charo Valverde aludió a la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, y a diversa jurisprudencia, incluidos pronunciamientos del Tribunal Supremo, para señalar los requisitos que han de confluir para que la Administración Local asuma los gastos derivados de un procedimiento judicial que afecta a un cargo público. Por ejemplo, "la intervención del concejal no puede llevarse a cabo en convergencia con intereses particulares propios del interesado o grupo político".
Asimismo, Charo Valverde agregaba que la jurisprudencia "marca, de forma reiterada, que el abono de dichos servicios será factible si es considerado absoluto en la resolución que se dice en caso de procedimiento en contra, o bien que la persona acusada sea condenada en la resolución". Ante esto, la concejal popular subrayaba que "Adame es quien inicia el procedimiento", por lo que, en todo caso, los gastos deberían cubrirse "a posteriori", si "son efectivos y son documentados justificadamente".
Por otro lado, "la ley no dice que sea preceptivo la intervención de abogado y procurador en un acto de conciliación" y, por ello, el PP defiende que "se está generando un gasto innecesario a las arcas municipales". Finalmente, concluyó que "nos preocupa que, sin cumplir los requisitos, la alcaldía hay proporcionado la asistencia letrada del Ayuntamiento al señor Adame" puesto que "cualquier funcionario o concejal que se vea afectado por manifestaciones públicas en medios de comunicación, podría hacer uso de esta asistencia jurídica municipal".
