El Ayuntamiento de Lucena podría tener que hacer frente a un gasto adicional de entre 120.000 y 140.000 euros como consecuencia de la revisión de precios de algunas de las obras complementarias ejecutadas en el auditorio municipal. Esa es la cantidad que solicita la empresa constructora Jarquil, que llevó a cabo los trabajos y que ha interpuesto un procedimiento contencioso-administrativo contra el consistorio, al no encontrar respuesta alguna a los dos escritos remitidos al mismo solicitando la citada revisión de precios.
El asunto lo revelaba ayer el PP en el transcurso de la sesión plenaria ordinaria del mes de mayo. Los populares consideraron "muy grave" que la dirección facultativa de la obra, asignada a una empresa, no completase el informe pertinente para poder dar una respuesta a las pretensiones de la constructora y el tema se haya visto abocado a la vía judicial.
El alcalde, Juan Pérez, reconoció que Jarquil tiene derecho a recibir una cantidad adicional por el trabajo realizado, e indicó que, tras la presentación de la denuncia, la pasada semana se celebró una reunión con la empresa, que se desarrolló en un ambiente cordial, por lo que todo hace pensar que se alcanzará un acuerdo entre las partes, pendiente en estos momentos de que el ayuntamiento haga una propuesta económica sobre la cantidad a abonar, al que la empresa tendría derecho, según reconoció el primer edil lucentino.
El concejal de Obras, Miguel Villa, dijo que "la dirección facultativa debería haber actualizado los precios antes de firmar las certificaciones de las obras realizadas, aunque no lo hizo ni Jarquil lo reclamó". Villa manifestó que desde el ayuntamiento ya se recriminó a la empresa encargada de la dirección facultativa esta circunstancia y el hecho de que no se concluyese el informe solicitado, aunque el PP fue más allá, y Manuel Gutiérrez pidió "que esto no quede en una regañina, ya que pueden haber ocasionado un daño económico al ayuntamiento". Además, José María Morillo-Velarde añadió que, incluso si se alcanza un acuerdo y se retira el contencioso-administrativo, el ayuntamiento podría ser condenado al pago de las costas judiciales.
