El Colegio de Abogados de Lucena ha sido este jueves el escenario de la jornada Formación de abogados andaluces en violencia de género, una iniciativa promovida por la Junta de Andalucía en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública. La cita reunió a profesionales del derecho, ponentes especializados y representantes institucionales con el objetivo de fortalecer la preparación jurídica y humana en la atención a las víctimas.
La directora del IAM, Rosario Alarcón, abrió el encuentro destacando el papel fundamental del nuevo Centro de Atención Inmediata 24 horas para víctimas de agresiones sexuales, operativo desde diciembre de 2024 en cada una de las ocho provincias andaluzas. Según explicó, este servicio no solo proporciona asistencia inmediata, confidencial y continua, sino que también garantiza una recuperación integral a través de apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y defensa gratuita.
Alarcón subrayó la importancia del teléfono 900 200 999, gratuito, anónimo, disponible 24/7 y traducido a 72 idiomas, “una herramienta esencial conectada directamente con el 112 y el 016”. También enfatizó la atención específica para menores víctimas, señalando que el servicio cubre casos desde los 14 años e incluso de edades inferiores, lo que revela una realidad “cada vez más alarmante”.
Por su parte, la delegada territorial de Justicia, Raquel López, puso en valor el esfuerzo conjunto entre administraciones para dotar de recursos al sistema judicial en materia de violencia de género. Destacó la nueva sede judicial, equipada con una sala Gesell para evitar la revictimización, y el punto de encuentro familiar, "que facilita la entrega y recogida de los menores en esos casos más difíciles donde existen órdenes de alejamiento y donde las relaciones entre los genitores y los menores no están normalizadas".
López insistió en que los abogados son “la primera línea de contacto con las víctimas” y reivindicó la necesidad de formaciones con perspectiva de género para mejorar tanto la atención profesional como el acompañamiento humano: “Vuestro trabajo muchas veces trasciende lo técnico; sois un apoyo vital en momentos críticos”.
En la jornada intervinieron el magistrado Ramón Artacho Melero, el fiscal Gonzalo Ortega Arroyo, la letrada María Jesús Arcos Trujillo, la médico forense del Instituto de Medicina Legal Inmaculada Contreras Fernandez y la psicóloga del IAM Silvia Sánchez Polo.
Contra el Real Decreto 422/2025, que deriva los casos de violencia de género a Córdoba
Durante el acto, se abordó también el Real Decreto 422/2025, que extiende la jurisdicción del Tribunal de Instancia de Córdoba al partido judicial de Lucena en materia de violencia sobre la mujer, a partir del 1 de enero de 2026. Esto supone que los asuntos de violencia de género que se produzcan en el partido judicial de Lucena, integrado por las localidades de Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Palenciana, Rute y Lucena, ya no serán tramitados directamente por el Tribunal de Instancia lucentino, sino que serán competencia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Córdoba. A efectos prácticos, las mujeres víctimas de violencia (de género y sexual) se verán obligadas a desplazarse a Córdoba para la tramitación de sus denuncias, lo que supone una clara contradicción con el espíritu de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y del propio Real Decreto, que promueve una "proximidad razonable del órgano judicial respecto a la víctima". La medida afecta por igual a todos los operadores jurídicos y ha generado rechazo entre profesionales y administraciones locales.
La delegada territorial criticó con contundencia el decreto, calificando de “barbaridad” la comarcalización impuesta desde el Ministerio de Justicia. Afirmó que ni la realidad del partido judicial de Lucena -el segundo con más casos de violencia de género tras Posadas- ni las necesidades del territorio fueron tenidas en cuenta. “No se pueden hacer experimentos judiciales con nuestra provincia”, advirtió, al tiempo que reclamó coherencia: “Si comarcalizar es bueno, que se haga en toda Andalucía; si no, que no se haga en ninguna”.
El decano del Colegio de Abogados de Lucena, Manuel Egea, también se pronunció al respecto, destacando que el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el Tribunal Supremo contra este decreto “está muy avanzado”, mostrándose optimista sobre su resolución. No obstante, garantizó que, “incluso en el peor escenario, la defensa de las víctimas no se verá comprometida”, y adelantó la existencia de un acuerdo con el Colegio de Abogados de Córdoba que pronto será anunciado.
