Justicia pondrá en marcha un nuevo "Punto de Encuentro Familiar" en Lucena

el objetivo es que las familias usuarias de este servicio no tengan que desplazarse hasta la capital cordobesa

31 de Diciembre de 2020
Visita de la delegada provincial al Punto de encuentro familiar de Lucena

La Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba pondrá en marcha dos nuevos Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en la provincia, situados en Lucena y Posadas, que vendrán a sumarse al que ya funciona en la capital.

Según informa la Administración autonómica en una nota, el objetivo es que las familias usuarias de este servicio no tengan que desplazarse hasta la capital cordobesa "acercándolo a los ciudadanos y facilitando el acceso al mismo", especialmente en aquellos casos de violencia de género donde existen órdenes de alejamiento.

Así lo ha explicado el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, quien ha visitado las futuras instalaciones del PEF en Lucena, acompañado por la delegada territorial de Justicia en Córdoba, Purificación Joyera, donde ha podido comprobar la idoneidad del espacio elegido para ubicar este recurso gestionado por la Consejería que dirige Juan Marín.

Los nuevos PEF, que se financiarán con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, atenderán a las familias que sean derivadas por los juzgados cuando en un proceso de separación o divorcio existen situaciones de alta conflictividad que impiden una relación normal o fluida y afecta a las visitas y estancias de los menores.

Todas las capitales de provincia andaluzas –además de Algeciras y Jerez (Cádiz), Marbella (Málaga) y recientemente también se ha puesto en marcha el de El Ejido (Almería)– cuentan con puntos de encuentro, constituidos como un espacio idóneo y neutral para garantizar el derecho esencial de los menores de edad a relacionarse con sus progenitores y familiares.

De esta forma, se hacen posible los regímenes de visitas, comunicación y estancia de estos menores con los progenitores o familiares que no dispongan de su custodia, determinados por los órganos judiciales.

"El objetivo de la Consejería es ampliar estos PEF existentes, de tal forma que las familias de zonas más alejadas de las capitales tengan más facilidades para acceder a los mismos, evitando desplazamientos para poder visitar o recoger a los menores", ha explicado Ontiveros.

"En definitiva, estamos trabajando para acercar los servicios que ofrecemos desde la Consejería de Justicia al ciudadano. Creemos que todos deben tener acceso a las mismas prestaciones con independencia de dónde residan y, por eso, también hemos ampliado el Servicio de Atención a Víctimas en Andalucía (SAVA) con los equipos itinerantes, para que todas las víctimas de delitos puedan acceder al mismo con comodidad", ha concluido.

 

"DEMANDA DE HACE MUCHOS AÑOS"

Por su parte, la delegada de Justicia, Purificación Joyera, ha destacado "la importancia de la puesta en marcha de este servicio, pues era una demanda de hace muchos años, ya que las familias usuarias de estos partidos judiciales y los que estén más próximos podrán hacer uso de los mismos sin tener que ir hasta Córdoba, con las molestias que ello les ocasiona, más aún cuando tienen que desplazarse con menores".

La previsión es que los PEF ampliados puedan estar en funcionamiento a principios de este año, pues "ya solo restan los últimos trámites y dotar a los espacios del mobiliario necesario para poder recibir a las familias".

Los Puntos de Encuentro Familiar funcionan desde el año 2009 y en ellos se facilita un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito, con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de la intervención está limitada a un período máximo de 18 meses, que puede ser prorrogada mediante resolución del órgano judicial correspondiente.

Además, en estos recursos se ofrece orientación psicosocial individual y familiar para que las personas usuarias puedan mejorar sus relaciones y superen la situación de conflicto familiar que motivó la derivación judicial a los PEF.

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