Para la mayoría de los propietarios de los terrenos expropiados por la Junta de Andalucía para la construcción de la variante norte de Lucena en la A-331 hace unos doce años, el calvario para cobrar el justiprecio establecido para sus suelos ha llegado a su fin. En las dos últimas semanas la Junta de Andalucía formalizó buena parte de los pagos pendientes.
Como anunció la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio Cristina Casanueva a primeros de noviembre, en las últimas jornadas se ha procedido al pago a la práctica totalidad de los 60 titulares pendientes, para lo que se habían habitado cantidades que sumaban en su conjunto más de un millón de euros, cantidad que se añade a los 410.000 euros satisfechos por este mismo concepto durante el primer trimestre del año, incluidos los primeros intereses de demora solicitados por la dilación por algunos de estos expropietarios.
Se llega así a final de un procedimiento que afectó a 116 agricultores a los que la Junta expropió en 2009 distintas cantidades de suelo para la construcción de la variante Lucena-Rute.
El pasado viernes, Podemos Córdoba, que recientemente se interesó por el caso reuniéndose con la plataforma de afectados y llevó su petición al Parlamento Andaluz instando a la Junta de Andalucía a pagar de inmediato, celebraba "que las reivindicaciones hayan tenido su fruto", aunque lamentaban "que los afectados hayan tenido que esperar más de 10 años para cobrar las indemnizaciones", reiterando que "se trata de una injusticia y un abuso por parte de la Junta con estas personas" , según explicó el responsable provincial de Podemos Córdoba, Rafael Estévez.
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos y coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, criticó a la Junta por la demora ya que "durante estos años no han podido tener cosecha ni producción, pero tampoco se les ha pagado".
En defensa del papel de la actual administración autonómica, Cristina Casanueva ya señaló el mes pasado que el pago de estas fincas expropiadas ya acumulaba casi una década de retraso cuando el PP accedió al Gobierno de la Junta de Andalucía y recordó que desde ese momento "se ha actuado con toda la premura que permite un procedimiento administrativo que tiene sus pasos".
