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Ni la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, ni la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ni la Delegada Territorial de esta consejería, Mari Santos, han podido explicar en las últimas 48 horas la razón de que la Comunidad de Propietarios Callejón General Chavarri S/N no haya podido ejecutar la instalación de un ascensor en su bloque de viviendas, autorizado por resolución expresa de la entonces Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, el 17 de diciembre de 2009.
Los vecinos del inmueble han planteado denunciar a la Consejería después de que una vecina, de 77 años de edad, falleciera el pasado domingo tras caer en las escaleras, y consideran a la administración autonómica responsable subsidiaria de este fallecimiento por no haber podido instalar el elevador, pese a haber firmado el contrato con EPSA, haber depositado en una cuenta de la Junta su aportación del 25% del presupuesto final y pagado en la Gerencia Municipal de Urbanismo la preceptiva licencia de obras.
La resolución, concedida al amparo de la Orden de 9 de agosto de 2005, por la que se establecía una línea de actuación para la rehabilitación de edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e instalaciones, encomendándose su ejecución a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, aprobaba una subvención de 129.239,59 euros a favor de la comunidad vecinal, correspondiendo 115.500 euros al setenta y cinco por ciento del presupuesto total y 13.739,59 euros a la asistencia técnica y reconociendo el derecho del inmueble al Certificado de Actuación Protegible.
Sin embargo, casi cuatro años después la Junta no ha liberado su parte. Empresarios del sector de la construcción han indicado a este periódico que el caso de este inmueble no es único, y que la mayor parte de las subvenciones concedidas al amparo de este programa en 2009 último en el que se dictaron resoluciones respecto a instalación de ascensores no se ejecutaron. Algunos incluso han asegurado que empresas que realizaron obras similares en ejercicios anteriores aún no han cobrado sus emolumentos.
Desde EPSA en Córdoba, este medio fue remitido a una explicación sobre este asunto a la central en Sevilla, desde donde tampoco se evacuó respuesta alguna en la jornada de ayer ni durante el día de hoy.
Preguntada por este asunto, la Delegada Provincial, Mari Santos, remitió igualmente a la Consejería para una explicación y declinó hacer cualquier tipo de declaración, ni sobre la posible denuncia de la comunidad de vecinos, ni sobre las causas del retraso en la instalación del ascensor ni tampoco sobre el grado de ejecución de las resoluciones dictadas en el año 2009 al amparo de esta orden.
