La Subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, justificó ayer la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de no seguir adelante con la construcción de la nueva sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), situada entre las calles Zagrilla, Carcabuey y Montilla, argumentando que desde que se proyectó esta actuación hace más de una década "ha habido cambios" en la forma en que se prestan los servicios por parte de este organismo, que hacen necesaria una revisión del proyecto inicial.
No obstante, Valenzuela indicó que este martes abordará este tema con la Directora del INSS, que se desplazará a Córdoba, y apuntó a la "reestructuración del proyecto" como posible salida.
Respecto a la posibilidad de que el Ayuntamiento de Lucena pudiese participar en la finalización de las obras y compartir el uso del inmueble, sugerida como alternativa por el alcalde, Juan Pérez, Valenzuela indicó que "el objetivo ahora debe ser estudiar las prestaciones que ofrece la administración del Estado desde Lucena y la comarca, para intentar concentrar allí distintos servicios". Según la Subdelegada "esta es la primera opción", sin descartar otras alternativas.
El edificio en construcción del INSS en Lucena se encuentra actualmente en un nivel de ejecución de algo más del 19 por ciento tras una inversión de unos 2 millones de euros desde la adquisición de los suelos en 2004. Las obras comenzaron en 2012 y qudaron paralizadas poco después. A finales de 2019 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso en marcha la licitación de la redacción del proyecto y dirección de las obras que quedan por ejecutar. El pliego establecía un precio de 240.000 euros más IVA. El contrato fue adjudicado a la arquitecta madrileña Iciar Rodríguez López el 15 de mayo de 2020 por un importe de 105.600 euros más impuestos. El contrato estipulaba un plazo máximo de ejecución de 4 meses para la fase de redacción. Como consta en la resolución publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el proyecto fue entregado y supervisado por los servicios técnicos del Ministerio, por lo que el INSS y la dirección facultativa han suscrito ahora un pacto de cancelación de la parte correspondiente a la dirección de los trabajos "ante la decisión de la Dirección General del Instituto de la Seguridad Social de no licitar la ejecución de la obra y de resolver el contrato".
Las obras –ahora suspendidas– contaban con un plazo aproximado de ejecución de 18 meses y un coste estimado de unos 5 millones de euros.
