Frente común de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Lucena para mostrar su rechazo rotundo a las consecuencias que tendrá para Lucena y su partido judicial la aplicación del Real Decreto 422/2025, una medida del Gobierno central que elimina las competencias del Juzgado de Lucena en materia de violencia de género para centralizarlas en Córdoba. La decisión ha generado un fuerte rechazo por las consecuencias que tendría sobre las víctimas y los profesionales del derecho, que deberían desplazarse a la capital para cualquier gestión judicial.
La moción, presentada por el Partido Popular y defendida por su concejala Charo Valverde, fue respaldada por todos los grupos. Valverde destacó el compromiso del consistorio con una justicia cercana y denunció el perjuicio que supondría alejar los servicios judiciales de su actual ámbito territorial. Además, expresó el respaldo del Ayuntamiento a las acciones del Colegio de Abogados de Lucena, que también ha mostrado su oposición al decreto.
Desde Izquierda Unida, Miguel Villa reconoció que el decreto parte de una intención reformista que podría ser positiva en términos generales, pero señaló que sus efectos serían negativos para Lucena, por lo que dio su apoyo de la propuesta del PP. En la misma línea, Ciudadanos, a través de su portavoz Purificación Joyera, criticó la “centralización innecesaria” que, a su juicio, propicia esta norma, alejando la justicia de quienes más la necesitan. Joyera reclamó al Gobierno más medios humanos, no una reducción de funciones en los juzgados locales.
Por el PSOE, Isabel Carrasquilla calificó la medida como “injustificada”, destacó la paradoja de que juzgados como Montilla, más cercanos a la capital, mantengan las competencias, mientras se retiran a Lucena, y ofreció al pleno activar un encuentro con la subdelegada del Gobierno para exponer la postura del municipio y defender los intereses de sus ciudadanos.
Más alejada de los efectos de esta norma sobre las mujeres víctimas de violencia de género, la portavoz de Vox, Laura Sánchez, alertó del caos logístico que podría causar el traslado, apuntando a un posible incremento de los tiempos de detención de los hombres acusados de violencia machista –apelando a las posibles denuncias falsas– y a una hipotética reducción de efectivos policiales derivada de la necesidad de realizar traslados de víctimas o acusados a Córdoba.
Como consecuencia del acuerdo, el Ayuntamiento enviará el texto aprobado al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Junta de Andalucía, al Congreso, al Senado, a la FEMP y al Colegio de Abogados de Lucena.