El Pleno del Ayuntamiento de Lucena ha dado este martes un nuevo paso para la construcción de un aparcamiento público en la Huerta del Carmen mediante la fórmula de la concesión de obras y gestión a una empresa privada. El asunto salió adelante con los votos del Partido Popular y Vox. PSOE e Izquierda Unida votaron en contra, mientras que Ciudadanos y el concejal no adscrito se abstuvieron.
Así, queda aprobado el estudio de viabilidad presentado por HERCE-ICR Aparcamientos S.L. No obstante, este visto bueno no supone todavía la adjudicación de las obras ni la aceptación íntegra de las condiciones planteadas por la promotora. El expediente deberá avanzar ahora con la corrección del anteproyecto, la elaboración del pliego de contratación y la incorporación de varios estudios pendientes. Finalmente, deberá procederse a la licitación pública, a la que podrá concurrir cualquier empresa interesada.
Condiciones y correcciones pendientes
El acuerdo impone a la empresa concesionaria las obras de reposición de la zona verde existente en superficie, cuyo coste deberá incorporarse al anteproyecto, y limita la participación económica del Ayuntamiento a la retirada y posterior reubicación de los actuales elementos de mobiliario urbano y deportivo.
También queda pendiente la fijación del canon que deberá abonar la empresa por la ocupación del dominio público. La posibilidad de establecer un canon cero solo podrá contemplarse si queda debidamente justificada en el pliego de cláusulas administrativas. Hasta entonces, la promotora deberá incluir esta partida como un gasto en sus cálculos.
Antes de continuar con la tramitación también será necesario completar el estudio urbanístico previsto en el artículo 54.1 de las normas del Plan General de Ordenación Urbana. Este documento deberá analizar la incidencia del aparcamiento sobre el tráfico, las infraestructuras existentes, los usos colindantes, la actual zona verde y la rasante del entorno.
Finalmente, se rechazan expresamente algunas de las medidas que la empresa había planteado inicialmente para mejorar la rentabilidad del estacionamiento. Así, no se eliminarán plazas de aparcamiento en el entorno de la Huerta del Carmen, las antiguas bodegas ni la calle El Molino, y tampoco se suprimirá el uso rotatorio de las plantas menos tres y menos cuatro del aparcamiento de la Plaza Nueva.
IU advierte del impacto sobre el tráfico y cuestiona el modelo de gestión
El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, mantuvo el rechazo expresado por su grupo durante toda la tramitación. A su juicio, la ubicación elegida puede generar un “embotellamiento” en la zona de El Carmen, hasta el punto de que el propio expediente exige a la promotora estudiar cómo resolver la afección sobre el tráfico. Villa también criticó la transformación de una plaza pública cuya reposición podría rondar los 300.000 euros y defendió que existen otras ubicaciones posibles, como el Llano de la Tinajería o el entorno del Paseo de Rojas y la avenida del Parque.
IU cuestionó igualmente la elección de una gestión indirecta durante un periodo previsto de 40 años. Según Villa, los datos del informe realizado por la consultora independiente Dalef muestran que la diferencia económica entre la gestión directa y la concesión privada podría alcanzar unos 3,5 millones de euros durante la vigencia del contrato.
Ciudadanos centra sus dudas en la protección del muro
Ciudadanos reconoció que algunas de sus reservas iniciales habían quedado despejadas después de que se descartaran las ventajas solicitadas por la promotora respecto a la eliminación de plazas de aparcamiento en superficie o la reducción de la oferta rotatoria de la Plaza Nueva. El grupo manifestó, no obstante, su preocupación por la protección del muro de El Carmen, especialmente porque su inclusión en el catálogo urbanístico de elementos protegidos todavía se encuentra en tramitación. Ciudadanos señaló que el estudio económico tampoco parece contemplar el posible sobrecoste derivado de conservar esta estructura durante la ejecución de las obras.
Su portavoz, Jesús López, reclamó al gobierno municipal un compromiso expreso para garantizar la conservación del muro. Aunque Francis Aguilar aseguró que nunca se ha planteado su demolición y aceptó incorporar su protección al pliego si cuenta con encaje jurídico, Ciudadanos mantuvo finalmente la abstención.
El PSOE considera que el expediente mantiene cuestiones esenciales sin resolver
El portavoz socialista, Paco Algar, sostuvo que Lucena necesita nuevas plazas de aparcamiento, pero advirtió de que un proyecto de esta importancia debería llegar al Pleno con sus principales aspectos técnicos y económicos cerrados. El PSOE enumeró las deficiencias detectadas por los servicios municipales en el anteproyecto: problemas en el acceso, posibles estrangulamientos del tráfico, salidas peatonales insuficientes en caso de incendio, falta de plazas para personas con movilidad reducida, ausencia de puntos de recarga para vehículos eléctricos y dimensiones reducidas en algunas plazas. También señaló que el coste de ejecución incluido en la propuesta podría encontrarse por debajo del precio real. Según el grupo socialista, la corrección de estas cuestiones puede incrementar sustancialmente el presupuesto y modificar la propia viabilidad económica del aparcamiento. También cuestionó que el Ayuntamiento asuma parte de los trabajos necesarios para desmontar y reponer elementos de la actual plaza, como las zonas verdes, el alumbrado o el área deportiva, sin que se haya concretado el coste municipal.
Finalmente Algar criticó igualmente que se pretenda fijar un canon que no comprometa la rentabilidad de la concesión, al considerar que esta formulación antepone el beneficio privado al interés general. También alertó sobre las consecuencias de una concesión de suelo público durante 40 años y sobre la posibilidad de que, si las previsiones económicas no se cumplen, la empresa reclame compensaciones o solicite un aumento de las tarifas.
El PP defiende la legalidad del procedimiento y la prioridad de la ubicación
El portavoz del PP, Francis Aguilar, defendió que el expediente no responde a una decisión arbitraria del gobierno municipal, sino a los trámites exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público antes de poner en marcha una concesión. Aguilar explicó que el estudio de viabilidad y el expediente de conveniencia y oportunidad permiten analizar la financiación, la demanda, los riesgos y la sostenibilidad económica del proyecto antes de comprometer recursos públicos durante un periodo prolongado.
Frente a las críticas sobre la ubicación del aparcamiento, recordó que el Plan de Movilidad Urbana aprobado por unanimidad en 2015 ya contemplaba la Huerta del Carmen como uno de los emplazamientos prioritarios para construir un aparcamiento público. Sobre las deficiencias técnicas, indicó que la empresa presentó voluntariamente un anteproyecto dentro de una iniciativa privada, pero que el proyecto definitivo deberá corregir todas las observaciones formuladas por la Delegación de Obras. También señaló que los costes deberán actualizarse porque la propuesta se presentó en 2024 y los precios han variado desde entonces.
En respuesta a Ciudadanos, Aguilar aseguró que el muro de El Carmen “nunca ha estado en peligro” y confirmó el compromiso del gobierno para garantizar su conservación durante las obras. En cuanto al canon, explicó que su cuantía se establecerá en el futuro pliego de condiciones, documento que deberá regresar al Pleno para su aprobación.
Finalmente, rechazó que el Ayuntamiento vaya a asumir los posibles resultados negativos de la explotación: “La empresa arriesga y asume el riesgo”, afirmó antes de la votación que permitió la aprobación del expediente.