El Ayuntamiento de Lucena aprobó en el pleno ordinario de marzo una moción presentada por Vox para impulsar la elaboración de un reglamento que regule el acceso a las dependencias municipales, en particular en lo relativo al uso de prendas o elementos que dificulten la identificación de las personas. La iniciativa salió adelante tras ser modificada de forma sustancial mediante una enmienda del Partido Popular, que condicionó su apoyo a una nueva redacción más amplia y matizada.
La propuesta original de Vox planteaba directamente la prohibición de acceso a edificios municipales a personas con el rostro total o parcialmente cubierto –citando expresamente prendas como el burka o el niqab, vinculadas a la religiçón musulmana–, al considerar que impedían la identificación y podían afectar a la seguridad y al correcto funcionamiento de los servicios públicos .
Sin embargo, el texto finalmente aprobado rebaja ese enfoque y se limita a instar al Gobierno municipal a redactar un reglamento que regule esta cuestión con carácter general, sin referencias explícitas a prendas concretas y contemplando excepciones, con el objetivo de garantizar la seguridad, la convivencia y la protección de los derechos fundamentales .
Un debate intenso y polarizado
El debate en el pleno fue especialmente tenso, con duros reproches a la iniciativa de Vox y el apoyo a la misma del PP desde Izquierda Unida y el PSOE. Miguel Villa calificó la moción de “mamarrachada” y “acto contra la concordia”, acusando a Vox de “buscar un colectivo enemigo” y de promover una visión “torticera” de la sociedad española. A su juicio, la propuesta inicial podía incluso ser “nula de pleno derecho” por su carácter discriminatorio.
En la misma línea, el portavoz socialista Jacob Lorenzo fue más allá al tildar la iniciativa de “panfleto racista y xenófobo”, asegurando que el problema que se planteaba “no existe” en la ciudad. Lorenzo recordó además jurisprudencia del Tribunal Supremo que limita la capacidad de los ayuntamientos para restringir derechos fundamentales como la libertad religiosa, y criticó al PP por “comprar este discurso”.
Frente a estas críticas, desde Ciudadanos, Purificación Joyera, sostuvo que “en un espacio público es preferible que todo el mundo vaya con el rostro visible”, desligando la cuestión de cualquier componente ideológico o religioso.
Finalmente, el Partido Popular, cuyo apoyo resultó decisivo, justificó su enmienda como una forma de centrar el debate en criterios técnicos y no ideológicos. Su portavoz, Francis Aguilar, insistió en que la iniciativa “no pretende señalar a ningún colectivo”, sino establecer normas generales para garantizar la identificación en espacios municipales. Aguilar subrayó que el texto aprobado no supone una regulación cerrada, sino el inicio de un proceso participativo para elaborar un reglamento en el que podrán intervenir todos los grupos políticos.
Desde Vox, la portavoz Laura Sánchez defendió la moción en términos de “sentido común”, asegurando que se trata únicamente de garantizar la identificación en edificios públicos. “Ningún derecho fundamental es absoluto”, afirmó, rechazando que la propuesta tenga un trasfondo ideológico.
La moción, modificada por la enmienda del PP, fue aprobada con los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos, y el rechazo de PSOE e Izquierda Unida.
El acuerdo abre ahora la puerta a la elaboración de un reglamento municipal que deberá concretar el alcance de esta medida y sus excepciones.