El pleno del Ayuntamiento de Lucena rechazó ayer la moción de Ciudadanos para estudiar la puesta en marcha de un programa de garantía municipal frente a los impagos del alquiler que contribuyera a movilizar viviendas vacías. La iniciativa contó con el respaldo de la formación proponente y del concejal no adscrito Francisco de Mora, mientras que PP, Vox e Izquierda Unida votaron en contra y el PSOE se abstuvo.
La propuesta, defendida por Purificación Joyera, planteaba comenzar con una experiencia piloto y un número limitado de viviendas, dirigida a pequeños propietarios que no alquilan por temor a los impagos y a familias que pueden afrontar una renta moderada, pero no reúnen las condiciones exigidas en el mercado. Entre sus posibles destinatarios figuraban trabajadores temporales, autónomos, empleados fijos discontinuos y familias sin contrato indefinido, avalistas o ahorros suficientes.
El programa contemplaba estudiar alquileres próximos a los 350 euros mensuales, con límites adaptados a las características de cada inmueble, y compensar entre el 80 % y el 90 % de las rentas impagadas durante un máximo de 18 o 24 meses, una vez asumida por el propietario una franquicia inicial de uno o dos meses. Su aplicación quedaba condicionada a los correspondientes informes técnicos, jurídicos y económicos y a la incorporación de una partida específica al próximo presupuesto municipal.
El PP reclama datos y una justificación jurídica y económica
La concejala de Vivienda, Míriam Ortiz, fundamentó el rechazo del equipo de gobierno en la ausencia de un diagnóstico que permitiera acreditar tanto la dimensión del problema como la eficacia de la solución propuesta. Así, preguntó a Ciudadanos si conocen cuántas viviendas permanecen vacías en Lucena por miedo a los impagos, cuántas familias se encuentran en la situación descrita y qué garantías existen de que destinar fondos municipales a cubrir rentas se traduzca en un aumento de la oferta.
"¿Tienen algún estudio, algún informe o algún dato objetivo que permita responder a estas preguntas?", planteó Ortiz. A juicio del PP, sin esa información resulta difícil justificar que el Ayuntamiento dedique recursos públicos a compensar incumplimientos de contratos privados.
Ortiz también incidió en las dudas competenciales. Argumentó que la iniciativa suponía asumir obligaciones económicas ante el impago de un arrendatario a un propietario particular, una actuación que, según sostuvo, requiere una justificación jurídica, económica y competencial especialmente rigurosa.
La edil anunció que el Ayuntamiento trabaja, a través de Suvilusa, en un nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo, cuya presentación situó en el primer trimestre del próximo año. Defendió que ese documento permitirá conocer las necesidades de Lucena y establecer una hoja de ruta para las políticas municipales de vivienda.
El gobierno local consideró, por tanto, prematuro impulsar el programa sin conocer previamente si existe una realidad que lo justifique, si el Consistorio puede desarrollarlo o si hay alternativas más eficaces. Ortiz advirtió del riesgo de generar expectativas que después no puedan cumplirse.
IU y Vox cuestionan que el Ayuntamiento garantice contratos privados
Por Izquierda Unida, Miguel Villa reconoció la buena intención de la propuesta, pero consideró que su planteamiento convertiría al Ayuntamiento en «un seguro de caución», en lugar de en un instrumento de promoción del alquiler.
Villa defendió como alternativa una bolsa de viviendas en la que el Consistorio pudiera alquilar inmuebles y ofrecerlos después a la ciudadanía con criterios de igualdad y necesidad. En ese supuesto, entendió que tendría sentido garantizar las rentas como parte de una gestión pública de vivienda. Sin embargo, cuestionó la viabilidad jurídica, económica y social del modelo presentado y confirmó su voto contrario.
Desde Vox, la portavoz Laura Sánchez Sicilia reclamó conocer previamente cuántas viviendas podrían incorporarse al programa y expresó dudas sobre que un ayuntamiento deba garantizar una actividad económica entre particulares con un presupuesto limitado.
También advirtió de que la cobertura municipal podría relajar el compromiso de pago de algunos inquilinos. Como alternativas, defendió medidas fiscales, más suelo disponible, simplificación administrativa y un incremento de la construcción de vivienda protegida mediante colaboración público-privada. Añadió que las dificultades de suministro eléctrico constituyen otro obstáculo para el desarrollo residencial en Lucena.
El PSOE sostiene que existen ayudas estatales para el mismo fin
La portavoz socialista en este debate, Isabel Carrasquilla, justificó la abstención de su grupo en la existencia de una línea estatal de ayudas destinada a cubrir impagos de alquiler. A su juicio, asumir ese gasto desde el Ayuntamiento supondría comprometer innecesariamente recursos municipales para una finalidad que ya dispone de financiación estatal.
El PSOE compartió el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y proteger al propietario, y ofreció a Ciudadanos trabajar en otras medidas. Carrasquilla recordó que su grupo había planteado anteriormente una iniciativa relacionada con seguros de caución, aunque precisó que fue antes de la aprobación de la normativa estatal a la que hizo referencia.
Joyera acusa a los grupos de anteponer el debate nacional
En su intervención final, Purificación Joyera reprochó a los grupos que hubieran trasladado el debate a la política nacional y cuestionó su conocimiento de las dificultades que afrontan las familias lucentinas.
La concejala defendió que existen hogares con ingresos normales que no consiguen alquilar por los precios y las exigencias de los propietarios, especialmente cuando tienen hijos. Frente a la promoción anunciada por el PP, sostuvo que durante el mandato todavía no se había puesto ninguna nueva vivienda social a disposición de los vecinos y que los plazos de construcción impiden ofrecer una respuesta inmediata.
Joyera insistió en que la moción proponía sentarse a estudiar una solución, con garantías e informes previos, y aseguró haber aportado ejemplos de seis ayuntamientos que desarrollan programas de este tipo. También señaló que podían analizarse mecanismos para recuperar las cantidades adelantadas.
Para responder a las objeciones sobre el uso de dinero público en actividades privadas, comparó la iniciativa con los bonos comerciales, a los que, según indicó, se destinan unos 150.000 euros anuales para estimular el consumo. Asimismo, cuestionó el argumento competencial recordando la intervención municipal en la construcción de comedores escolares y rechazó que la existencia de ayudas de otras administraciones impida adoptar medidas locales.
"Aquí lo que falta, sinceramente, es conocer el problema que tiene Lucena, el problema que tienen las familias, y lo que falta es voluntad política", afirmó. Joyera cerró su intervención reprochando a los grupos su preocupación por las campañas electorales y sus líderes nacionales, frente al compromiso de Ciudadanos de seguir presentando ideas "para mejorar la vida de los lucentinos".
