Pese a no figurar en el orden del día, el conflicto del Plan Parcial Sur-2, bloqueado desde hace más de dos décadas por la falta de suministro eléctrico, se convirtió en uno de los asuntos más destacados del pleno celebrado este martes en el Ayuntamiento de Lucena. La problemática llegó al debate durante el turno de ruegos y preguntas por iniciativa del portavoz de Ciudadanos, Jesús López, mientras buena parte de los propietarios afectados seguía la sesión en el salón de plenos.
Concluido el pleno, los vecinos mostraron su hartazgo después de más de veinte años intentando desarrollar un sector cuya urbanización llegó a estar ejecutada en más de un 90% en 2009, sin llegar a ser recepcionada. Desde entonces, la ausencia de potencia eléctrica ha impedido construir las viviendas y otros desarrollos previstos, mientras que las infraestructuras creadas –calles, bancos, farolas, fuentes, transformadores...– han sufrido un importante deterioro, además de robos de cableado y actos vandálicos, por lo que ahora será necesario reponerlas.
A ello se suma el coste económico soportado por los propietarios, que continúan abonando anualmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pese a no poder edificar. Según expuso López, el conjunto del sector paga alrededor de 50.000 euros al año de IBI, lo que elevaría hasta cerca de un millón de euros la cantidad desembolsada durante las últimas dos décadas.
Ciudadanos reclama una solución provisional
El portavoz de Ciudadanos señaló que algunos propietarios incluso han sufrido embargos y advirtió de que ya se plantean acudir a los tribunales ante la ausencia de una solución.
López vinculó el problema del Sur-2 con el déficit de potencia eléctrica que afecta a otros desarrollos urbanísticos de Lucena, como el Plan Parcial Oeste-1, El Zarpazo, el Sur-1 o Los Polvillares. Una situación cuya solución pasa por la construcción de una nueva subestación eléctrica, que, a estas alturas, tras más de 15 años de idas y venidas, continúa pendiente de la decisión definitiva sobre su ubicación. En este sentido, Ciudadanos cuestionó que el Ayuntamiento haya optado por encargar un estudio para comparar la posibilidad de instalar la subestación en Lucena o mantener la alternativa planteada inicialmente en Cabra. A juicio de López, cuando Endesa abrió la puerta a construirla en el término municipal lucentino, esta opción debería haberse impulsado sin más demora.
El portavoz también reclamó la firma de un convenio con Endesa que permita garantizar potencia al Sur-2 antes incluso de que la futura subestación entre en funcionamiento. Esta solución se está adoptando en otras zonas de la ciudad, como el Plan Parcial Oeste 1, para desarrollos puntuales.
El Ayuntamiento defiende la necesidad de comparar todos los costes
El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, reconoció la gravedad y la antigüedad del problema, que afecta tanto al Sur-2 como a otros sectores pendientes de desarrollo. No obstante, negó que el gobierno municipal haya dado pasos atrás y explicó que durante años la única alternativa planteada era la construcción de una subestación en Cabra.
Según Fernández, la posibilidad de instalar esta infraestructura en Lucena apareció posteriormente y obliga a estudiar el coste completo de ambas opciones. El regidor insistió en que no basta con conocer el precio de la subestación, sino que también deben calcularse las inversiones necesarias para llevar las líneas eléctricas hasta cada uno de los sectores afectados.
Endesa no ha facilitado esa valoración global, por lo que las administraciones implicadas acordaron hace un año recurrir a una consultora especializada y encargar su contratación a la agencia AVRA, de la Junta de Andalucía. El alcalde indicó que el pliego para contratar el estudio ya se encuentra en tramitación.
Jesús López replicó que, aunque se trata de un problema heredado, la actual escasez de vivienda aumenta la urgencia de desbloquear estos terrenos. Recordó que el estudio comparativo se acordó en noviembre de 2025, que el convenio no se firmó hasta julio y que el pliego comenzó a prepararse en septiembre, por lo que mostró su temor a que las conclusiones no estén disponibles hasta 2027.
“No tenemos derecho a mover una teja; solo a pagar”
El momento álgido del debate se produjo con la intervención del presidente de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sur-2, Francisco Ramírez Sánchez, quien trasladó directamente al alcalde el cansancio acumulado después de 22 años de reuniones con responsables municipales, Endesa, AVRA y la Junta de Andalucía.
El representante de los afectados recordó que las primeras gestiones se remontan a 2004, durante el mandato de José Luis Bergillos, –fallecido esta semana– y que posteriormente se celebraron decenas de reuniones con el equipo de gobierno presidido por Juan Pérez y con el actual, sin que hasta ahora se haya producido ningún avance significativo. “Después de 22 años, estamos en el mismo punto que en 2004”, lamentó. Ramírez Sánchez describió un plan parcial “totalmente destrozado” pese a haber estado ejecutado al 92% en 2009 y denunció los incendios provocados en palmeras, el robo de elementos de los transformadores y el deterioro general de las instalaciones.
A título personal, relató, ha pasado "de pagar 240 euros a alrededor de 900 euros" anuales de IBI. “Y no tengo derecho a mover una teja; no tengo derecho a nada más que a pagar”, manifestó visiblemente molesto. En conjunto, los propietarios del plan pacial liquidan anualmente más de 50.000 euros en impuestos municipales, y ello pase a reclamar al ayuntamiento una deuda de unos 150.000 euros relacionada con unas obras en el arroyo de Aguanevada. Respecto a la nueva subestación, recordó que la aportación del plan inicialmente prevista era de 401.000 euros "hace veinte años" y ahora se sitúa ya en cerca de 800.000, encareciendo todavía más cualquier futura construcción. “Yo ya estoy muy cansado de reuniones”, afirmó antes de dejar abierta la posibilidad de acudir a los tribunales si continúa el bloqueo.
Nueva reunión la próxima semana
Tras escuchar a los afectados, Aurelio Fernández se comprometió a convocar la próxima semana una reunión con los propietarios y los representantes de todos los grupos municipales. El alcalde admitió el malestar existente, aunque reiteró que se trata de un problema heredado y cuya solución afecta a numerosos planes parciales y requiere determinar cómo se repartirán los costes entre los propietarios, el Ayuntamiento y las demás administraciones implicadas.
Fernández pidió confianza en el trabajo que se está realizando y aseguró que el estudio encargado permitirá adoptar una decisión con todas las garantías. “Entiendo el malestar y la sensación de que no va a llegar, pero estamos trabajando y pronto vamos a tener una solución”, sostuvo.
La propuesta de una nueva reunión fue recibida con escepticismo por los vecinos. Tras 22 años de espera, los propietarios no piden ya explicaciones, exigen soluciones que les permitan construir sobre sus terrenos.