Teresa Alonso, concejal delegada de Personal, recriminó ayer al edil del PP, Julián Ranchal, que revelará el sentido de una sentencia que aún no ha adquirido firmeza –la relativa al arquitecto cuyo despido ha sido declarado improcedente por el Juzgado de lo Social–.
Según Alonso, "el PP era conocedor de que el equipo de gobierno tiene la intención de recurrir esta sentencia" y recordó a los populares que "los miembros de la corporación tenemos obligación de mantener sigilo y confidencialidad sobre cuestiones que aún no están cerradas, como ocurre en este caso, por lo que no debió hacer pública esa sentencia".
La edil responsable de Personal argumentó que "las diferencias entre la cuantía de la indemnización calculada por el ayuntamiento –unos 10.000 euros– y los 24.000 euros en los que ha sido establecida por el Juzgado no responde "a un mal cálculo por parte de la administración, sino a que el juzgado entiende que se trata de un despido improcedente, algo con lo que no está de acuerdo este equipo de gobierno, razón por la cual se va a recurrir".