La norma en cuestión, el Real Decreto 422/2020, establece la comarcalización de determinados juzgados de violencia de género, trasladando la competencia de varios partidos judiciales —entre ellos Lucena, Cabra o Pozoblanco— a Córdoba capital.
Egea defiende que esta medida perjudica gravemente a las víctimas, obligándolas a largos desplazamientos, y critica que se adopte cuando Lucena dispone de una de las sedes judiciales mejor dotadas de Andalucía. El decano explica los motivos de la impugnación, el proceso judicial que se seguirá y los apoyos que han recibido de otras instituciones, además de subrayar la necesidad de que las víctimas sigan teniendo acceso cercano a la justicia en su partido judicial.
¿Cuáles son las razones que han llevado a la institución colegial lucentina a presentar esta impugnación, que es la primera vez que ocurre en la historia del colegio?
—Efectivamente, es la primera vez que hemos recurrido un Real Decreto. Nunca el Colegio de Abogados de Lucena se había enfrentado a una situación tan comleja y tan desfavorable para las víctimas, tanto de violencia de género como de agresiones sexuales.
Este Real Decreto establece la creación de nuevas plazas en secciones de violencia sobre la mujer y secciones de violencia contra la infancia y adolescencia. ¿Qué significa esto? Que van a comarcalizar algunos juzgados, aunque no todos. Existe la creencia de que, a partir de ahora, todos los asuntos de violencia de género o agresiones sexuales irán a Córdoba, pero no es correcto.
"La Ley de Violencia de Género es muy clara: el juzgado competente es el del domicilio de la víctima. Esto, que siempre ha sido así, ahora cambia de forma irracional e injustificada"
En concreto, los juzgados de Lucena, Cabra y Pozoblanco pierden la competencia en estos asuntos, que pasarán a un juzgado de Córdoba. Sin embargo, Puente Genil, Priego, Aguilar, Montilla, Montoro, Posadas y otros partidos judiciales seguirán manteniéndola. Esto implica que las víctimas del norte y sur de la provincia tendrán que desplazarse a Córdoba, mientras que las de zonas cercanas a la capital no.
La pregunta es: ¿por qué las más alejadas tienen que sufrir este desplazamiento? No lo sé, no lo entiendo. La Ley de Violencia de Género es muy clara: el juzgado competente es el del domicilio de la víctima. Tanto es así que si una víctima es agredida en Granada o Sevilla, aunque allí se tramite inicialmente el atestado, el caso acaba en su partido judicial de residencia, como Lucena. Esto, que siempre ha sido así, ahora cambia de forma irracional e injustificada.
¿A quién perjudica esto? No tanto a los abogados, que nos desplazamos con frecuencia a Córdoba por otros asuntos, sino a las víctimas, testigos, detenidos y fuerzas de seguridad, que deberán trasladarse. ¿Se les pondrá un taxi? La verdad es que es absurdo. Por eso hemos dado este paso: porque es una medida injusta y perjudicial para las víctimas.
¿Cuáles son los pasos que sigue una impugnación de este tipo y cabe esperar que pueda evitarse su entrada en vigor?
—El Real Decreto entrará en vigor el 1 de enero del próximo año. Ya hemos presentado el anuncio del recurso, que es un contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. El primer paso, la interposición, se realizó el 8 de julio.
Ahora el Supremo recabará el expediente administrativo del Gobierno, con los informes que motivaron el decreto. Con esa documentación se formalizará la demanda, en la que pediremos la nulidad del decreto porque entendemos que infringe la Ley de Violencia de Género y perjudica gravemente a las víctimas. Es, a mi juicio, incomprensible que un gobierno socialista y progresista consienta esto.
¿Cuenta el Colegio con apoyos en esta impugnación?
—Sí. Contamos con el apoyo de la Fiscalía de Córdoba y del ahora expresidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, que fue el primero que se pronunció públicamente contra el decreto. Otros colegios de abogados, como el de La Coruña, también lo han recurrido, y sabemos que habrá más. Todos coincidimos en que la víctima debe estar cerca de su juzgado. En Badajoz y Cáceres, que son provincias muy extensas, se centraliza en Badajoz. Hay municipios a más de 200 kilómetros de esa capital que también serán afectados.
El Ayuntamiento de Lucena aprobó por unanimidad una moción solicitando la retirada del decreto, a propuesta del Partido Popular. ¿Han recibido apoyo de los ayuntamientos?
— Hemos creado un grupo de trabajo con los alcaldes del partido judicial y con el de Cabra, que también está afectado. No sé si todos los alcaldes han aprobado mociones similares, aunque los mantengo informados.
Resulta paradójico que Lucena, que cuenta ahora con la mejor sede judicial de su historia, con capacidad suficiente para albergar nuevos juzgados, vea ahora reducidas sus competencias. ¿A qué considera que se debe esta situación?
—Así es. Nuestra sede, que ha costado nueve millones de euros, es la mejor sede judicial de la provincia, incluso mejor que muchas de capitales. Está dotada con un destacamento de Fiscalía y cinco despachos, y preparada para asumir más carga de trabajo. Sin embargo, nos quitan competencias para derivarlas a Córdoba, cuya Ciudad de la Justicia está saturada. Los propios jueces de violencia de Córdoba se han opuesto a esta medida porque ya trabajan al límite.
"Lo lógico sería que, si se comarcaliza, se centralicen en la capital los partidos judiciales más cercanos a Córdoba y no los que están a 70 u 80 kilómetros. Creo que eso es lo que dicta el sentido común"
¿Cree que detrás de esta medida hay una motivación económica o de concentración de servicios que podría perjudicar aún más a Lucena?
—No sé cuáles son los objetivos del Gobierno. Económicamente, tampoco parece tener sentido: trasladar policía, víctimas, testigos y detenidos a Córdoba será más costoso que mantener la competencia local.
Por otra parte, si el objetivo es comarcalizar para agilizar procedimientos, esta no es la manera. Lo lógico sería que, si se comarcaliza, se centralicen en la capital los partidos judiciales más cercanos a Córdoba (20 o 30 km) y no los que están a 70 u 80 km y que partidos como Pozoblanco, cabeza de una comarca muy extensa o Lucena, aprovechando nuestras nuevas instalaciones y proximidad con otras localidades como Priego, Cabra y Puente Genil, mantengamos las competencias. Creo que eso es lo que dicta el sentido común.
¿Habrá otras medidas, además del recurso?
—De momento no. Hemos emitido comunicados y notas de prensa a los medios. Hemos informado mediante un comunicado a nuestros colegiados, pero no podemos recurrir a huelgas ni acciones que afecten al turno de oficio. Hemos ido al máximo, que es recurrir el decreto ante el Supremo. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona la situación y si el Ministerio de Justicia recapacita y corrige el error, algo que el propio decreto le permite.
