Fuerte rechazo institucional y político a la propuesta del Ministerio de Justicia de centralizar en Córdoba los casos judiciales de violencia de género que hasta ahora se resuelven en los juzgados de Lucena. Todos los alcaldes del partido judicial de Lucena han mostrado su oposición a la medida, según ha indicado hoy el regidor lucentino, Aurelio Fernández.
El alcalde de Lucena ha sido claro al valorar esta pretensión del Gobierno central: “Es un atraso significativo que no responde a ningún dato objetivo. Lo lógico es que sigamos atendiendo aquí, en nuestros juzgados, los casos de violencia de género”. Fernández ha añadido que la propuesta supondría desmantelar un servicio esencial “que ya se había ganado con esfuerzo” y que su traslado a Córdoba “no tiene sentido desde el punto de vista de la eficacia ni de la cercanía a las víctimas”.
La polémica surge a raíz del borrador de un Real Decreto en estudio por el Ministerio de Justicia que busca reorganizar la jurisdicción especializada en violencia de género, retirando estas competencias a varios partidos judiciales, entre ellos el de Lucena. La medida ha generado una rápida reacción no solo entre los regidores locales, sino también en ámbitos profesionales y autonómicos.
El propio Colegio de Abogados de Lucena ha emitido un posicionamiento contrario, respaldado por el Gobierno local lucentino. El consejero de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, también se ha sumado a las críticas, considerando que “supondría desproteger a las víctimas al obligarlas a desplazamientos innecesarios y a afrontar procesos judiciales más fríos y distantes”.
Asimismo, sindicatos como CSIF han alertado del impacto negativo que tendría esta reforma tanto para las mujeres víctimas como para los profesionales del ámbito judicial, reclamando que se priorice el enfoque territorial y cercano.
Según ha explicado el alcalde, los contactos entre municipios han sido constantes. “Todos los alcaldes con los que hemos hablado han mostrado su apoyo a mantener las competencias en Lucena. Se ha creado incluso un grupo de WhatsApp para coordinar acciones conjuntas. Esto no va de partidos, va de sentido común y de proteger a las víctimas”, afirmó Fernández.
En cuanto a las posibles acciones institucionales, Fernández no ha descartado que los ayuntamientos presenten mociones en sus respectivos plenos, aunque aún no se ha fijado un calendario. “Si viene a sumar, bienvenido sea. Pero lo que está claro es que este equipo de Gobierno rechaza de forma rotunda la retirada de estas competencias”.
