La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal a la que se le atribuye la instalación de fábricas ilegales de tabaco falsificado y de contrabando. Una operación en la que se ha liberado a 18 personas de diferentes nacionalidades que trabajaban en condiciones infrahumanas, y por la que se ha procedido a la detención de 21 personas.
La investigación se inició tras tener conocimiento de la presunta instalación de una fábrica de producción de tabaco ilegal en una localidad de la provincia de Málaga. Se estableció un dispositivo de vigilancia sobre uno de los principales sospechosos integrantes de la organización llevando a los agentes hasta una segunda fábrica ubicada en Lucena. Tras el registro de ambas fábricas clandestinas se han intervenido efectos propios de la fabricación fraudulenta valorados en más de 3 millones de euros.
Se estima que la organización tenía una capacidad de producción diaria de 8 millones de cigarrillos falsificados valorando un fraude a la Hacienda Pública superior a los 2 millones de euros diarios.
Además, la Guardia Civil comprobó que la organización captaba a personas procedentes de países asiáticos y de Europa del Este a través de distintos medios ofreciéndoles condiciones laborales muy atractivas. Una vez estas personas llegaban a territorio nacional, eran trasladados por miembros de la organización a las fábricas indicadas anteriormente, donde quedaban retenidos viviendo de forma hacinada y trabajando en condiciones infrahumanas. Los agentes constataron que estas personas estaban siendo explotadas laboralmente en jornadas continuas sin descanso, sin remuneración alguna y argumentando que debían de saldar una supuesta deuda contraída con la organización.
La investigación finalizó con la detención de 21 personas, siéndoles imputados delitos de trata de seres humanos, delitos de estafa contra la Hacienda Pública, delitos de contrabando de tabaco, y pertenencia a organización criminal y delito contra la propiedad industrial.
La operación ha sido desarrollada por las Unidades Operativas de Málaga y de Sevilla de Vigilancia Aduanera, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla y el Equipo Roca de Antequera, ambos de la Guardia Civil.
