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Asunción L. B. tenía 77 años de edad y como otros vecinos del número 11 de la calle General Chavarri tenía problemas de movilidad, debido a su avanzada edad. El pasado sábado, a medio día, Asunción intentaba subir hasta la segunda planta en la que residía, cayendo en el primer tramo de las escaleras. Tras ser atendida por los servicios de urgencia sanitaria, y dada la gravedad de su estado, se decidió trasladarla al hospital universitario Reina Sofía de Córdoba en un helicóptero del servicio de emergencias. Ayer fallecía en el centro sanitario cordobés.
Hasta aquí podría hablarse de un accidente doméstico. Pero los vecinos de Asunción creen que esta muerte podría haberse evitado y responsabilizan a la Junta de Andalucía de la misma. Hace más de seis años que los residentes del inmueble, construido hace más de treinta, iniciaron el proceso para solicitar una de las ayudas que la Junta de Andalucía ha venido concediendo para la instalación de ascensores a través de la orden de subvenciones para la rehabilitación singular de edificios. La subvención fue concedida en el año 2009, y pese a que los nueve vecinos del bloque de viviendas se vieron obligados a encargar el proyecto técnico, depositar en una cuenta bancaria de la Junta el veinticinco por ciento del presupuesto e incluso la licencia de obras, la administración autonómica nunca autorizó el inicio de la actuación, por lo que el ascensor no ha podido ser instalado.
Durante todo este periodo de tiempo los vecinos han realizado hasta tres reclamaciones que ni siquiera han tenido respuesta. Mientras tanto, han tenido que seguir subiendo cada día los empinados tramos de hasta veinticinco escalones que separan cada una de las cuatro plantas del edificio, casí un centenar de peldaños desde la cuarta hasta la puerta de la calle.
Según Juan Gámez, presidente de la comunidad de vecinos, de las nueve familias que residen en el edificio, hasta siete tienen edades por encima de los sesenta años y muchos de ellos han sufrido caídas en estos últimos años, sin que la Junta haya atendido sus obligaciones de autorizar la intervención aprobada mediante resolución de la propia administración, concedida precisamente en atención a la elevada edad de los moradores de las viviendas.
La indignación de los vecinos es patente. Consideran que esta muerte no se habría producido de haber contado con el ascensor prometido, que también habría facilitado el normal desenvolvimiento del resto de residentes, creen que la administración es responsable subsidiaria de este accidente y estudiarán emprender acciones judiciales contra la Junta. Para Asunción el ansiado ascensor llegará demasiado tarde y los vecinos se preguntan si será necesaria otra muerte para que la administración autonómica cumpla sus compromisos en este y en otros casos similares.
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