Vídeo: La Guardia Civil investiga si UGT simuló el arrendamiento de la Casa del Pueblo de Lucena, de su propiedad, para obtener ayudas por cursos de formación

Según revela hoy "El Mundo", la Casa del Pueblo de Lucena, figura entre las doce instalaciones de UGT que investiga la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Según los primeros datos UGT simulaba que precisaba arrendar unas aulas para impartir los cursos, pese a que los mismos se celebraban en sus propias dependencias.

11 de Octubre de 2016
CASA DEL PUEBLO, EN LA CALLE SAN PEDRO

La Guardia Civil está investigando al sindicato UGT por fingir presuntamente el pago por inmuebles que estaban cedidos de forma gratuita por el Gobierno central, entre los que figuraría la Casa del Pueblo de Lucena, que comparte el sindicato con el PSOE.

Según revela hoy el diario El Mundo, haciéndose eco de fuentes de la investigación, que llevaa i la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, la federación andaluza de UGT utilizó en la etapa de su antecesor Manuel Pastrana locales cedidos de forma gratuita por el Gobierno central para engañar a la Junta de Andalucía en la justificación de las subvenciones que recibió durante años para que impartiera cursos de formación.

Según el diario, el sindicato se sirvió de 12 locales en Sevilla, Cádiz, Málaga, Huelva, Jaén, Córdoba y Granada para simular unos gastos de alquiler ficticios, autoarrendándose las sedes, gastos que le sirvieron para justificar ante el Gobierno andaluz las ayudas para los cursos que le había concedido. En Córdoba el local al que se refiere la información es la Casa del Pueblo de Lucena.

Se trata de gastos irreales porque UGT disfrutaba de todos esos locales a coste cero, ya que el Gobierno central, que es el verdadero propietario, se los cedió en virtud de la Ley 4/1986 de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.

Sólo entre 2009 y 2013, los gastos de alquiler superan los 4,11 millones, según un atestado de la UCO de julio de 2015.

Entre los locales de uso compartido por UGT y PSOE en los que se habría producido esta práctica presuntamente fraudulenta, el atestado de la UCO destaca el de Huelva, que sirvió para que UGT presentara ante la Junta facturas por gastos de alquiler de aulas por valor de 265.291,69 euros y el de Martos, con el que se justificaron 41.728,46 euros por el mismo concepto. 

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