Ya hay acuerdo y el consistorio disolverá la empresa pública de Suelo y Vivienda (Suvilusa) y procederá a su integración en el organigrama del Ayuntamiento.
La decisión fue adoptada definitivamente la semana pasada en el seno de la reunión de la comisión creada a tal efecto y se encuentra ya a falta de la firma del acta de la sesión y su aprobación en pleno, que podría llevarse a cabo este martes. No obstante, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha indicado que "aunque el proceso se inicia ahora, será un trámite "largo" y precisará de la "creación de una comisión técnico-política, que deberá elaborar una memoria justificativa de la decisión desde un punto de vista jurídico, social y económico".
Juan Pérez ha mostrado su esperanza de que todo el procedimiento de disolución y la integración del activo y pasivo de la empresa pública y la absorción de sus competencias y personal por parte del Ayuntamiento pueda culminar antes de que acabe el actual ejercicio económico, aunque no ha querido aventurar fechas concretas.
El acuerdo se ha visto facilitado por la renuncia a poner en marcha nuevas promociones de vivienda pública a medio plazo. Dada la existencia de importantes bolsas de vivienda vacía en el mercado inmobiliario local, el esfuerzo municipal se centrará en los próximos años en la compra de estos inmuebles para su alquiler social. El regidor lucentino ha indicado que la primera compra se ejecutará este mismo año, como estaba previsto, y supondrá la adquisición de una decena de viviendas y su adecuación para su adjudicación posterior siguiendo la Bolsa municipal de demandantes de Vivienda Social.
La empresa municipal de Suelo y Vivienda de Lucena SA (Suvilusa) fue creada en 1994 como instrumento para el desarrollo de la política de vivienda y suelo en unos momentos de elevado precio de ambos y ha contado con una azarosa existencia. Pese a haber promovido decenas de viviendas de protección oficial, casi siempre atravesó dificultades de liquidez, derivadas de los problemas para vender, acrecentados por la crisis inmobiliaria y las barreras de las entidades bancarias a la concesión de créditos hipotecarios.
