lunes 23.05.2022

24M: Entre [email protected], sí se puede denuncia "incumplimientos e ilegalidades" del cogobierno local

 

“Un engaño masivo”
24M: Entre tod@s, sí se puede denuncia "incumplimientos e ilegalidades" del cogobierno local
24M: Entre [email protected], sí se puede denuncia "incumplimientos e ilegalidades" del cogobierno local
“Un engaño masivo”. Sin ambages y con un discurso impetuoso y vehemente, Entre [email protected] sí se puede Lucena relató, horas antes del comienzo de la campaña electoral, “los incumplimientos del acuerdo definitivo de gobierno entre PSOE e IU en el Ayuntamiento de Lucena”. Vicente Dalda, número uno del partido instrumental, cifró en un 20% las promesas consumadas por el alcalde Juan Pérez y su equipo. Los portavoces de la formación fueron más allá y denunciaron que lo actuales responsables del Consistorio “intentan tapar sus propias vergüenzas, como las cesiones ilegales de trabajadores, la inobservancia de los acuerdos plenarios, las contrataciones de servicio con dinero público que no se llevan a cabo de manera satisfactoria, los contratos en fraude de ley y los sobresueldos de personal de la extinta Gerencia de Urbanismo”. En este último punto, suscribieron las reivindicaciones reflejadas en la carta pública redactada por el funcionario Francisco Bermúdez Cantudo y acusaron a Antonio Aguilera, segundo en la candidatura del PP, de “perceptor” de los mismos en su época de gerente del citado organismo.

Antes del inicio de la comparecencia, Dalda entregó personalmente a los periodistas el texto íntegro que firmaron el PSOE e IU el 2 de junio del año 2011. Posteriormente, y centrado en la actualidad mostró su satisfacción al conocer que Izquierda Unida “ha copiado” la propuesta de celebrar un pleno sobre el estado de la ciudad. “Nos alegramos de que IU siga nuestros pasos, esto ya lo presentamos hace dos semanas y añadimos que fuera abierto a la ciudadanía”.

Al iniciar “el balance” sobre el mandato que ahora concluye en el Ayuntamiento de Lucena, indicó que “la forma en que llegan el alcalde y el alcalde en la sombra o teniente de alcalde es conocida por todos”. A continuación, afeó la conducta de José Luis Bergillos, quien lideró la candidatura del PSOE en los comicios de 2011. “7.700 personas votan al PSOE, pero con un cabeza de lista que no es el que llega a ser alcalde y luego se va por motivos familiares o particulares para presentarse después como senador y acabar en el GDR; a estos nos referimos cuando hablamos de puertas giratorias”.

Vicente Dalda y sus compañeros han preferido, de acuerdo a sus palabras, valorar el documento elaborado por PSOE e IU al rubricar el pacto para los últimos cuatro años porque en vez de sus propuestas por separado porque “una vez que han ocurrido las elecciones y se está llegando a un acuerdo de gobierno sobre una base entre dos fuerzas políticas, hay un programa político y acciones concretas a realizar sin la presión de las urnas, con absoluta tranquilidad y libertad”.

En su intervención, Olga Aguilar Arévalo, número 2 de la citada fuerza política, admitió que en los comicios del año 2011 votó al PSOE. No obstante, matizó que no lo hizo “ni a Juan Pérez ni a Izquierda Unida y a este gobierno le daría una nota de 2 sobre 10”. Lamentó la paralización de la segunda fase del Botellódromo de las Palabras, “con nuevos proyectos y ampliación de espacios” y también aludió a la consolidación del ocio nocturno, “algo que tampoco se ha hecho”. Para terminar, aseveró que “hay mucha parte de juventud en el acuerdo de gobierno y realmente no han hecho nada”.

Justo después, Miguel Muñoz Villarreal, tercero en la candidatura enumeró como compromisos olvidados “el cambio del mercadillo de los miércoles al recinto ferial y la mejora y acondicionamiento del Mercado de Abastos”. Respecto al ámbito de Obras y Servicios, reprendió a los gobernantes por la escasa atención a los barrios. “Parece que son de tercera o cuarta categoría, la preferencia es para el centro”.
En último lugar, José Alberto Ruiz Moya, funcionario público que cierra la lista de Entre [email protected] sí se puede Lucena, calificó de “necesaria” la alternativa que encarna su opción política. “Se ha hecho todo lo contrario de lo prometido y una de las cuestiones por las que se ha caracterizado el actual equipo de gobierno ha sido lo mal que se ha llevado con el cumplimiento de la normativa vigente; hablan de honestidad pero sus prácticas dicen todo lo contrario”.

A modo de “muestra pequeña de numerosos incumplimientos contra la normativa estatal que se vienen haciendo y son cifrables por ser una grave merma de los escasos recursos del Ayuntamiento”, habló, primeramente, de la denuncia formulada por Francisco Bermúdez. “Nos hemos hecho con la documentación y se verifica todo lo que él explica”. Ruiz Moya calculó el dinero en cuestión en 330.000 euros. Asimismo, recordó que tras los escritos en contra de los “complementos” del secretario, el vicesecretario y el abogado del Ayuntamiento, “el consejo de gerencia intenta iniciar en el año 2011 un expediente de lesividad que no se interpone”. “Hasta la fecha nadie ha aclarado ni ha asumido responsabilidad alguna”. Finalmente, anunció que están “estudiando” el caso “por si se pudiera relacionar con un acto de ilícito penal” para proceder “en consecuencia.

De igual forma, señaló que “el Ayuntamiento y Servimán han sido sancionados en firme, por la Inspección de Trabajo, a causa de la comisión de dos infracciones muy graves en el orden social, con sendas multas de 6.251 euros”. Ruiz Moya alertó de que en el PDM se continúa produciendo “la contratación de gente a través de empresas privadas y se ceden a dicho ente o a otra Administración Pública”. Llegó a sostener que “desde partidos supuestamente de izquierdas se explota a trabajadores”.

Para terminar, mencionó el contrato realizado por el Consistorio a la empresa Formación y Consultoría de Organización S.L para que ejecute “un servicio innecesario, que no se puede aplicar, como es la famosa Valoración de los Puestos de Trabajo”. Avisó de “tres altas temerarias” en el concurso. “Hay denuncias de que no se estaba haciendo no lo correspondiente al contenido ni a las fechas, pero el alcalde no lo ha rescindido por interés público, a pesar de tener facultad; este le costará casi 22.000 euros a los ciudadanos”.