Entre otros muchos asuntos, que volvieron a impedir que se concluyese el orden del día de la sesión antes de las 14:00 horas, el pleno municipal de marzo ratificó el nombramiento de Aracelitana Mayor 2018, Araceli Ranchal Rodríguez, y su Corte de Honor, que formarán Araceli Gómez Maillo, Pilar Gómez Maillo, Lourdes María Jurado Jiménez, Almudena Martos Contreras, Araceli Ramírez Guerrero y Silvia Trujillo Pino, así como la concesión a cada una de ellas de una ayuda de hasta 1200 euros para hacer frente a algunos de los múltiples gastos que conlleva la participación en los distintos actos relacionados con las Fiestas Aracelitanas.
Sin embargo no pasó desapercibido para algunos grupos municipales que este año la disposición de esa cantidad haya de ser justificada mediante la entrega de facturas acreditativas del gasto realizado, algo que ya ha venido solicitando el grupo municipal de Ciudadanos y a lo que hasta este momento se había negado el equipo de gobierno.
Así lo hizo el concejal independiente Vicente Dalda, que calificó la nueva disposición como una medida más "de transparencia" y aprovechó el punto para quejarse por no haber sido invitado este año a participar en la comisión municipal encargada de seleccionar a la Aracelitana Mayor, pese a ser sus circunstancias como concejal no adscrito, idénticas a las del pasado año, cuando si recibió la invitación.
También destacó la contradicción en la postura del equipo de gobierno del año pasado a este. "El año pasado lo pedimos nosotros, igual que con cualquier otro colectivo o persona que recibe una subvención, y se nos dijo de todo, como si pidieramos algo que fuera contra la ciudad o sus tradiciones y ahora es el propio equipo de gobierno el que pide facturas. ¿Qué ha pasado?, se preguntó Joyera irónicamente.
La encargada de explicar el cambio fue la edil de Hacienda, Araceli Bergillos, que lo achacó a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos, respuesta que no convenció ni a Dalda ni a la portavoz de Ciudadanos, que acusó a Bergillos de "justificarse como buenamente puede" y pidió conocer en que apartado de la Ley de Contratos se obliga al consistorio a exigir esas facturas.
