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La diputada nacional socialista Rosa Aguilar aseguró ayer en rueda de prensa que en el caso de Bankia hay "responsabilidades políticas" de dirigentes del PP que deben ser depuradas, apuntando directamente a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y la pertenencia al PP de los presidentes del las dos cajas principales integradas en Bankia: CajaMadrid y Bancaja. Aguilar indicó que el PSOE exigirá que no se pierda "ni un solo euro" del dinero que esta entidad financiera recibió en su día del Gobierno o del que pueda recibir para hacer frente a su actual situación de debilidad, que ha derivado en la nacionalización del banco. La diputada cordobesa pidió al PP "transparencia" sobre los movimientos que realice el gobierno de España respecto a Bankia.
En su comparecencia ante los medios de comunicación, Rosa Aguilar volvió a reseñar la "soledad" del PP en el congreso y el Senado, pese a su mayoría absoluta y el rechazo general que han recibido sus medidas de recorte del gasto público expresadas en los presupuestos generales. Según Aguilar, "el gobierno no dialoga con nadie, no escucha a nadie, sólo impone sus recortes, que se traducen en menos empleo, menos derechos, menos prestaciones sociales, menos atención a la dependencia, desde una mayoría que están usando para hacer lo contrario de lo que dijeron con la excusa de lo mal que está el país".
Según Aguilar se trata de medidas "fuertemente ideologizadas" que responden a una forma de entender la política totalmente contraria a la defensa de lo público que propugna el PSOE.
A esa forma de gobernar, "contraria al interés de la mayoría de los ciudadanos", se opone según la parlamentaria andaluza Araceli Carrillo, el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, como lo demuestra el hecho de que la primera medida que se va a adoptar por Griñán sea la puesta en marcha de un plan de choque que permita la reactivación económica y la creación de empleo. Carrillo abogó por "políticas de austeridad, pero implementadas con medidas que propicien el crecimiento económico, en línea con lo que ya comienza a pedirse desde Bruselas".
La parlamentaria lucentina aseguró que "el PP de Andalucía sigue callado frente a la afrenta que supone para Andalucía que el Senado no reconozca el peso de la población andaluza, lo que se traducirá en 3.500 millones de euros menos para nuestra comunidad autónoma, lo que pone en peligro la finalización de muchas infraestructuras en marcha y dificulta la creación de empleo en nuestra comunidad".
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