Policía local y nacional acompañan a técnicos de Endesa y Aguas de Lucena para detectar enganches ilegales a luz y agua en pisos ocupados

La medida afecta a distintas calles en el conjunto del casco urbano lucentino, en el que se supone que hay más de un centenar de viviendas "okupas"

18 de Junio de 2019
 Enseres domésticos en una promoción de viviendas ocupadas de Lucena. Archivo
Enseres domésticos en una promoción de viviendas ocupadas de Lucena. Archivo

Desde hoy agentes de la policía local y policía nacional acompañan a técnicos de las empresas Endesa y Aguas de Lucena –esta última municipal– en sus visitas a los pisos ocupados de forma irregular en distintas calles de la ciudad.

La medida es una de las acordadas en el marco de la reunión mantenida la pasada semana por el alcalde, Juan Pérez, con los inspectores jefes de ambos cuerpos policiales para coordinar actuaciones que devuelvan la normalidad y tranquilidad perdidas a estas zonas de la ciudad.

Fuentes municipales han señalado a este periódico que hoy se han visitado 31 viviendas en los núcleos "okupas" de las calles Mediabarba o Pedro Izquierdo y la calle Mires. Según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno, el objetivo de estas visitas es el de comprobar si estos pisos cuentan con contrato de suministro actualizado o, por el contrario, se trata de "enganches" irregulares a la red de aguas o el alumbrado público, situación en la que se encontraban la mayor parte de las viviendas visitadas esta mañana.

Además desde el ayuntamiento se está intentado entrar en contacto con los dueños de las viviendas ocupadas, ya que en muchos casos –sobre todo cuando son los bancos los propietarios– ni siquiera se ha presentado denuncia, lo que dificulta cualquier gestión posterior a nivel judicial

Un reciente estudio sobre vivienda encargado por el Ayuntamiento de Lucena cifraba en más de 70 el número de pisos ocupados en el casco urbano lucentino, aunque su número podría situarse en estos momentos por encima del centenar, lo que esta dado lugar a una creciente preocupación ciudadana y un incremento de la conflictividad vecinal en torno a algunos puntos. Ni el ayuntamiento ni las fuerzas de seguridad pueden proceder al desalojo de estas viviendas si no media un dictamen judicial en dicho sentido.

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