La Junta dice "no" al ofrecimiento municipal para utilizar el Centro de Energías Renovables como nueva sede judicial y el PP denuncia la falta de uso del edificio

El portavoz del PP, Paco Huertas, ha hecho un recorrido por la historia de este edificio, al que la Junta de Andalucía destinó en su día una inversión de 2,7 millones de euros, suplementada por el Ayuntamiento con otros 650.000 euros

19 de Enero de 2016
centro energias.jps
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El PP ha revelado esta mañana que la Junta de Andalucía ha rechazado el ofrecimiento del equipo de gobierno para que el Centro de Formación en Energías Renovables y Medio Ambiente acogiese las instalaciones de la nueva sede judicial de Lucena. Según ha explicado la parlamentaria andaluza y concejal popular, María de la O Redondo, en la carta remitida al Consistorio lucentino, la Junta argumenta que el inmueble, sin uso desde que finalizara su construcción hace cinco años, no reúne las características adecuadas para acoger los servicios judiciales. Del mismo modo se pone de manifiesto que la administración andaluza no tiene intención de iniciar las obras de la nueva sede judicial lucentina hasta que exista disposición presupuestaria, algo que no ocurre en este momento.

El portavoz del PP, Paco Huertas, ha hecho un recorrido por la historia de este edificio, al que la Junta de Andalucía destinó en su día una inversión de 2,7 millones de euros, suplementada por el Ayuntamiento de Lucena con otros 650.000 euros. Desde entonces, indicó el líder del PP lucentino, se han sucedido las "ocurrencias" y anuncios de posibles iniciativas para poner en servicio el edificio, todas ellas sin éxito. Entre ellas, Huertas se ha referido a la posibilidad de que acogiese un centro de  investigación relacionado con el uso del hidrógeno como combustible, un vivero de empresas o un centro privado gestionado por empresas relacionadas con el sector de las energías renovables y el frío industrial, todas ellas fracasadas a la vista de los resultados y "lejos de la expectativa expresada en su día por el que fuera consejero de empleo, Antonio Fernández, hoy imputado por el caso de los ERES falsos, de que el centro se dedicara exclusivamente a formación y naves nido para empresas del sector, albergando a 1.100 alumnos, 28 profesores y 42 trabajadores no docentes".

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