La Asociación de Vecinos Crisaras, que agrupa a las más de 500 familias que cuentan con una vivienda en la zona residencial de Campo de Aras y Cristo Marroquí, presentarán este jueves sus alegaciones contra la propuesta de inicio de expediente sancionador formulada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) contra este colectivo por un presunto uso irregular del agua procedente del manantial de la Fuente de Campo de Aras y la canalización municipal procedente del Nacimiento de Zambra, puntos de los que se han venido abasteciendo desde hace décadas.
El presidente de Crisaras, Manuel Hurtado, señaló ayer que este jueves se cumplirá el plazo otorgado por la CHG para presentar unas alegaciones que "ya están preparadas" y mediante las cuales solicitarán "la suspensión del expediente hasta que el Ayuntamiento de Lucena esté en disposición de poder contar con una infraestructura que le permita garantizar el suministro a las viviendas".
Según Hurtado, junto a esta petición se exponen los argumentos técnicos y jurídicos que a juicio de los vecinos justifican esta petición, incluidos documentos "que demuestran que la voluntad del ayuntamiento de Lucena siempre ha sido la de autorizar y permitir el abastecimiento a la zona", y expresando la voluntad municipal de poner en marcha un Plan Especial de Infraestructuras que incluirá una solución definitiva a este conflicto "que no puede ejecutarse con carácter inmediato" como pretende la CHG, que amenaza con obligar a los vecinos a cesar en el uso del agua de estos dos manantiales argumentando que Crisaras carece de autorización para ello.
Manuel Hurtado indicó que en la reunión mantenida a finales de noviembre con el Ayuntamiento de Lucena se puso de manifiesto que la red de agua municipal no llega en estos momentos hasta esta zona residencial de carácter urbanizable según el PGOU de Lucena, pero no urbanizada hasta el momento.
Según Hurtado, la propuesta del ayuntamiento pasa por dar suministro en alta, para que sea Crisaras quien se encargue de la distribución a las viviendas, como ha venido haciendo hasta ahora, aunque previamente sería necesario extender la red municipal hasta este núcleo residencial mediante unas obras que ni siquiera están en este momento proyectadas, a la espera de la redacción del Plan Especial de Infraestructuras puesto en marcha por el consistorio.
Crisaras quedará ahora a la espera de la decisión que adopte la CHG sobre las alegaciones presentadas, que podría ir desde la confirmación del expediente sancionador propuesto hasta el sobreseimiento del mismo o la adopción de una medida cautelar. Entre tanto la asociación trabaja en una segunda línea, tendente a la legalización de la captación actual.
