El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Lucena ha anunciado la presentación formal de un recurso de reposición contra el acuerdo plenario que dio luz verde a la privatización parcial del servicio municipal de limpieza viaria mediante la gestión indirecta a través de una empresa externa. La decisión fue adoptada por el equipo de gobierno con el respaldo de Vox.
El portavoz de IU, Miguel Villa, ha explicado que la principal motivación jurídica de este recurso radica en lo que consideran un “fraude de ley” en la tramitación y justificación de la decisión adoptada. Según Villa, el equipo de gobierno, encabezado por el alcalde Aurelio Fernández, no ha cumplido con la obligación legal de evaluar todas las posibles fórmulas de gestión previstas en el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local, limitando de forma indebida el análisis a una comparación sesgada entre la gestión directa actual y la gestión indirecta a través de una empresa privada.
Villa asegura que no se han estudiado todas las alternativas, como obliga la ley
“La ley obliga a estudiar y comparar al menos cuatro fórmulas de gestión directa: la gestión directa simple, la gestión mediante organismo autónomo, la gestión a través de una entidad pública empresarial local y la gestión mediante sociedad mercantil pública”, recordó Villa, quien denunció que ninguna de estas tres últimas alternativas fue analizada en la memoria técnica elaborada por el Ayuntamiento, en contra de lo que establece la normativa.
Izquierda Unida sostiene que esta omisión vicia el procedimiento y lo convierte en una "decisión ideológica" y no técnica, orientada a favorecer la privatización sin un análisis riguroso de la sostenibilidad y eficiencia de cada modelo de gestión. “No se ha garantizado el interés general, sino que se ha favorecido una visión política que puede derivar en la precarización laboral y en una menor calidad en la prestación del servicio”, alertó el portavoz.
Villa también subrayó que, incluso en términos de sostenibilidad financiera, la memoria comparativa resulta cuestionable: el coste anual de un trabajador municipal se cifra en unos 33.000 euros, mientras que el coste en la empresa privada rondaría los 27.000 euros, una diferencia de 6.000 euros que, en su opinión, "se sustenta únicamente en la reducción de los salarios y derechos laborales de los trabajadores, y no en una mejora real del servicio".
Además, el portavoz quiso desmontar uno de los "argumentos recurrentes a favor de la privatización, como es el del absentismo laboral". Villa recordó que el absentismo llegó a alcanzar cifras tan elevadas como el 17% en 2009, cifra que bajo progresivamente con una adecuada gestión de personal, llegando incluso al 0,9% en 2012. Actuamente, en términos estadísticos, el absentismo laboral en las empresas privadas ronda el 6 80% y, según los cálculos actuales, en el Ayuntamiento de Lucena está cifrado en el 7,19%, según Villa, que considera que “este problema no es una cuestión inherente a la gestión pública, sino al modo en que se organiza y motiva al personal”, defendiendo que es posible mejorar la eficacia del servicio sin necesidad de privatizarlo.
Pérdida de control y supervisión del trabajo y posible "enchufismo"
En su intervención, Miguel Villa también advirtió sobre la pérdida de control y supervisión que supondría la externalización, ya que los trabajadores pasarían a depender de la empresa adjudicataria y no del Ayuntamiento, limitando la capacidad de actuación y dirección de los responsables municipales. Asimismo, alertó sobre el riesgo de clientelismo en la contratación de personal por parte de empresas privadas, abriendo, a su juicio, la puerta a posibles prácticas de favoritismo o enchufismo al margen de los principios de igualdad y mérito que rigen en el empleo público.
El recurso de reposición deberá ser resuelto antes del próximo 30 de junio, y si no prospera, Izquierda Unida ha anunciado que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar la anulación del acuerdo, sin descartar la petición de medidas cautelares para suspender la privatización hasta que los tribunales se pronuncien, como ya hizo esta formación respecto al procedimiento para el aparcamiento de El Carmen.
Para Villa, el equipo de gobierno está actuando sin respetar las garantías legales necesarias, lo que puede traducirse "en un grave perjuicio económico y en un deterioro de los derechos laborales" de los futuros empleados del servicio.
