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Conel funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica.Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpablesse valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano albolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman suinocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimasselectivas, personas que trabajan para la Administración pública, elresto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte dela deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienessufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de losfuncionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfechasonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrásde todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Seenvidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofreceen el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral escomprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantíade independencia de la Administración respecto de quien gobierne encada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. Encoherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a lafunción pública, conforme al mérito y a la capacidad de losconcursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde ala idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de suempleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca porcapricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionariosconsideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales yse apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con elbeneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección,sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Losque más contribuyen al desprecio de la profesionalidad delfuncionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tanacostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisionespersonales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionariosque se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a susdecisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales aquienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes dela soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario ala ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernantecomo una deslealtad personal hacia él e incluso como una ocultaestrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo hansurgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen dela Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocadouna hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, loque ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente paraacceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio unaconsolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crearun funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirectade los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendoen la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios eincluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar deentender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho quever con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en loscontroles para atajarla.
Estosgobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que setildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellosmismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial,sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisises general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a losfuncionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen unempleo, debería ser una medida general para todos los que percibenrentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo mássangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario,sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media horamás al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos detrabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducirlos llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron enparte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poderadquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se hacontratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días,pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirvepara crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se lerebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticencomo una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir alos paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a susasesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos yprebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en laAdministración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito ycapacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No seengañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, losha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado apracticarlos de manera más discreta.
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FRANCISCO J. BASTIDA. CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
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