La propuesta de la delegación del Gobierno implica que los centros educativos puedan contratar provisionalmente a una empresa del sector, que deberá subrogar a las actuales trabajadoras en las mismas condiciones y con los mismos derechos hasta que la Delegación de Educación adjudique el nuevo contrato.
Aguilar adelantó que su grupo pedirá que no se abonen a la empresa las cantidades que se le adeuden y se establezcan "las penalizaciones económicas que procedan y que pueden llegar hasta el cincuenta por ciento del contrato"
Todos los aspirantes admitidos deberán participar en un proceso selectivo en el que se validarán tanto su experiencia laboral como el resultado obtenido en una prueba escrita, tipo test, y otra de carácter practico.
Preguntada sobre la posibilidad de asumir las responsabilidades políticas exigidas por IULVCA, Alonso preguntó "si las van a asumir ellos por no asistir a la comisión de contratación como es su obligación".