Las ordenanzas municipales ya contemplan esa exención de pago para partidos políticos y asociaciones, por lo que, según Dalda, la medida persigue "eliminar la discriminación que sufre la Iglesia en este sentido" y sería aplicable a cualquier confesión religiosa.
La compra de estos aparatos electrónicos portátiles, por unidad, se estima en 1.000 euros, por lo que el desembolso sería de 14.000 euros. Actualmente, en Lucena solo se disponen de desfibriladores en instalaciones del PDM.
Pese a esta decisión, Dalda insistió en que la convocatoria del Pleno "es ilegal", pero añadía que, en caso de que las instancias judiciales fallasen a su favor, "sería una victoria pírrica y el único perdedor sería el pueblo de Lucena"
Dalda tilda de "falsas y carentes de cualquier viso de veracidad" las acusaciones de Joaquín Campos y señala que "solo persigue descalificar y sembrar dudas sobre un grupo de personas que trabajamos por y para Lucena"